MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, y la consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Elisa María Núñez, ambos de Vox, trasladaron este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su “pesar” y “preocupación” respecto a sus planes para el futuro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mediante una carta, ambos señalan que en los últimos tiempos asistieron “estupefactos” a su “inexplicable” decisión de suprimir el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en Andalucía (OCON Sur), con 150 agentes que protegían el Estrecho de Gibraltar del narcotráfico y la criminalidad organizada.
De igual manera, denuncia que sus “temerarias decisiones” frente a esta problemática, que “asola nuestras costas” y sus “políticas encaminadas a desproveer” a la Guardia Civil de los medios personales, materiales y jurídicos necesarios para proteger a todos los españoles “han resultado también en el asesinato de dos agentes de la Benemérita en Barbate”, Cádiz.
Así, acusan a Marlaska de estar “preparando una merma de la Guardia Civil”, concretada en una nueva Orden General que suprimiría de forma inmediata la presencia de este cuerpo en muchos municipios de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana y que “posteriormente culminaría en la desaparición del Instituto Armado de numerosas localidades”.
Con esta misiva pretenden también “aliviar” la “preocupación” que, según el propio Marlaska, le causan las consideraciones que, como autoridades de las citadas regiones, realizan en relación con el “fenómeno migratorio”, como el ministro denomina al “enorme e insoslayable problema al que nos enfrentamos a diario en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana”.
Ante esta situación, tienden la mano a Marlaska para “dialogar y colaborar en beneficio de los españoles que viven en nuestras regiones” y realizan diferentes peticiones, entre ellas la ampliación de los medios personales en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan su labor en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
También abogan por el “incremento” de la dotación de medios materiales y, en particular, de vehículos con los que prestar y facilitar las labores humanitarias y de custodia de los inmigrantes ilegales, así como permitir el traslado de estos desde las costas de las citadas comunidades autónomas a los centros de atención a extranjeros.
Asimismo, proponen el desarrollo y puesta en marcha de los medios jurídicos y legales que sean convenientes para dar “adecuada cobertura a las necesidades” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de “hacer frente a las mafias migratorias, que utilizan las narcolanchas para el tráfico ilegal de personas y abocan a muchas de ellas a una muerte segura en el mar”.
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