MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, denunció este viernes que la conocida como ‘Ley del solo sí es sí’ es un “disparate judicial aprobado, no por la ministra Montero, sino por todo el Consejo de Ministros” que “desprotege a la mujer”, “menoscaba la seguridad jurídica de los españoles” y da una “auténtica patada” a derechos recogidos en la Constitución.
Así lo indicó Ortega Smith en declaraciones ante los medios tras registrar en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, donde estuvo acompañado por la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, y la diputada y portavoz de la Comisión de Igualdad, Carla Toscano.
El texto del recurso enumera las “diversas irregularidades” de esta norma que, en primer lugar y a juicio de Vox, “no reúne los requisitos para otorgarle el rango de Ley Orgánica, ya que no desarrolla derechos fundamentales ni libertades”.
Vox destaca que el texto emanado del Ministerio de Igualdad y aprobado por el Gobierno y después por el Congreso de los Diputados y el Senado “señala que solo se entenderá que hay consentimiento (sexual) cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
En este sentido, el partido de Abascal señala que el nuevo concepto de consentimiento plantea “dos problemas”. Por un lado, “hay una evidente inversión de la carga de la prueba, que recae en el hombre, que ha de demostrar que hubo consentimiento expreso” y, por el otro, “la redacción no es suficientemente clara y resulta contradictoria en un aspecto esencial: si el consentimiento sexual debe ser necesariamente expreso o si puede ser tácticamente deducible”.
También subraya que la literalidad de la ley provoca “una insuficiente determinación de la conducta sancionable con penas de privación de libertad, lo que infringe claramente los principios de seguridad jurídica y de legalidad penal. Además, unifica en un solo tipo penal lo que antes eran dos (abuso y agresión sexual) y se infringe con ello el principio de proporcionalidad, con las consecuencias tristemente conocidas de excarcelaciones y reducción de penas de delincuentes sexuales”.
Por estos y otros motivos, Vox trata de evitar desde todos los frentes este “disparate jurídico”: desde el jurídico con la presentación del recurso número 42 de la formación ante el Constitucional, y también desde las instituciones.
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