MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
Decenas de voluntarios que colaboran en iniciativas en el ámbito penitenciario -como capellanes, delegados diocesanos y abogados y trabajadores de la Administración Penitenciaria- concluyen que “la prisión no es la solución a determinados delitos” y apelan a “un tratamiento más educativo” de las personas condenadas.
Es uno de los puntos que recogió la declaración final del X Congreso Nacional de la Pastoral Penitenciaria, celebrada recientemente en El Escorial (Madrid) y al que asistieron 240 de esos expertos. A ellos se sumaron algunas personas que han tenido que pagar por los delitos que han cometido.
El documento destacó que con la pandemia “muchos presos han cumplido condena a través de medidas alternativas: tercer grado, control telemático, suspensión de condena, TBC, talleres…” y que “lo sorprendente de estas medidas es que en ningún caso han generado más delitos ni más aumento de internos en prisión”. “Esto nos ha llevado al convencimiento de que, otro cumplimiento de la pena es posible, sin pasar necesariamente por la cárcel”, puede leerse también.
La declaración también se hizo eco de que aunque el perfil del preso es muy variado, predomina “el interno pobre o procedente de una familia desestructurada” y que la sociedad “apuesta más por la justicia vindicativa que por la justicia restaurativa”.
SALUD MENTAL
Además, denunció que sigue habiendo muchos internos con problemas de salud mental, para quienes es necesario “un tratamiento que vaya más allá de la prisión”. También se percibe una cada vez mayor presencia de internos extranjeros, “con la inseguridad ante el final de cumplimiento de la pena de su expulsión, sin posibilidad de una regularización” y que la justicia juvenil sigue siendo una tarea “pendiente” del sistema judicial.
Por todo ello, la Iglesia española, a través de la citada pastoral, apuesta por que es posible otro cumplimiento de las penas, con el “convencimiento” de que “la prisión no es la solución a determinados delitos, que con un tratamiento más educativo se evitaría el ingreso en prisión”; que las medidas alternativas a la prisión tengan “un enfoque más educativo y restaurativo que punitivo”, “más humano que castigador”, y que “no sean una excepción, sino la norma habitual que ayude a la reinserción del penado”.
Así, en el congreso se propuso a la propia Iglesia “una actitud samaritana” hacia los privados de libertad; a la sociedad que “supere el binomio delito-cárcel, como la única alternativa ante el delito” y que “apueste por las segundas oportunidades”; y a la Justicia “que humanice las sentencias” y que sea “valiente” a la hora de apostar por las medidas alternativas a la prisión, “ sin condicionamientos sociales y mediáticas” y que con las personas con enfermedad mental “el último recurso posible sea la prisión”. También hay peticiones para los medios de comunicación para que se alejen del sensacionalismo y trabajen por un cambio de mentalidad de que “a mayor prisión, mayor seguridad” y tengan “equilibrio informativo entre lo ocurrido y lo informado”.
EL MUNDO GIRA
“Cuando sales de la cárcel te das cuenta de que el mundo no ha estado parado. El que ha estado parado has sido tú”, asegura José Antonio, condenado a 20 años caer en la delincuencia tras adentrarse en el mundo de las drogas. Sabe que cualquier opción a la privación de libertad es un tren que no debe dejar pasar y que hay que aprovechar la oportunidad y “darlo todo”. “No es una opción volver a prisión”, sentenció este hombre que participa en uno de los programas que coordina junto a otras organizaciones la Fundación Integra, entidad que busca que los colectivos vulnerables no pierdan el vínculo con la sociedad.
Para algunas personas que han llegado a prisión “salir de la cárcel es salir de una mala forma de confort”, destacó durante su participación en el congreso Ana Muñoz de Dios, directora general de Fundación Integra, organización que trabaja tras la premisa de que “la integración laboral es una herramienta para llevar a la persona a su plenitud”. Pero, subrayó, cuando piden la colaboración de las empresas, “no queremos que los traten ni con pena ni con miedo, sino por su trabajo” y les pedimos “que confíe en la grandeza del ser humano”.
El director de la Fundación Cesal, Pablo Llano, aprovechó su turno de palabra para poner el ejemplo de dos proyectos que están funcionando con éxito en Paraguay y Brasil, donde los propios penados tienen responsabilidades y una gran implicación en la vida diaria de las casas donde cumplen la condena a través de medidas alternativas. “Es un crimen separar al prisionero de los vínculos afectivos”, denunció Llano, que indicó que el éxito de esas propuestas es que ponen en el centro el valor de la persona. “El error no los define”, remarcó, apelando a la necesidad de que no rompan el vínculo con la sociedad y su entorno y sean mirados “como personas”.
“Yo le pido al padre Florencio que no me suelte”, confesó entre lágrimas a Servimedia una interna de Castellón al término de una de las jornadas del congreso. Se refería a Florencio Roselló, director de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. El sacerdote insistió en que “la cárcel no es la única solución”, como se demostró con la pandemia, cuando cerca de 5.000 internos estuvieron en su casa con seguimiento telefónico o con una pulsera y “no aumentó la inseguridad”.
CUMPLIR DE OTRA MANERA
Roselló apuntó que “hay delitos que se pueden cumplir de otra manera, no sólo con la cárcel”, pero que es “algo difícil entender para la sociedad”.
La Pastoral Penitenciaria trabaja en tres áreas como Iglesia (la religiosa, la social y la jurídica). Cuenta con 160 capellanes, 2.500 voluntarios en todos los centros penitenciarios españoles y desarrolla 1.500 programas, de los que casi un millar son fuera de los centros.
La pastoral, explicó el sacerdote, se centra “en la persona en su conjunto, no sólo si va a misa o no”, por ello, trata de acompañar a los penados en cuestiones como en la búsqueda de empleo, formación, fomentando la relación con sus familias e incluso, garantizándolos un techo para cuando salgan de prisión. Para ello, la Iglesia española tiene 85 casas y pisos de acogida para gente sin recursos para que pueda salir. En 2021 la pastoral acogió en esas casas a casi 3.000 personas y atendió al doble con distintas iniciativas.
133.000 MEDIDAS ALTERNATIVAS
La subdirectora general de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, Guadalupe Rivera, cifró en 47.000 presos en 2021 (menos Cataluña y País Vasco, con lo que en total la población reclusa sería de unos 55.000, según datos de la Pastoral Penitenciaria). A lo que agregó que también el año pasado se contabilizaron 133.000 sentencias de medidas alternativas a la prisión, la mayoría de ellas enfocadas a trabajos en beneficio de la comunidad.
Rivera remarcó que las medidas alternativas es aquella pena que “se cumple en y para la comunidad” y que son “más eficaces” que las privativas de libertad. Recaen, explicó, en los condenados por algunos tipos delitos, como los relacionados con la violencia de género y tráfico, y tratan de que “no tengan una punición tan traumática como un ingreso en prisión”. “El objetivo es que el individuo pueda seguir con su vida normalizada, continuando con su entorno laboral y familiar, es decir, en su comunidad y, al mismo tiempo cumpla su pena, ya que el ingreso en prisión por periodos cortos puede agravar las conductas más que solucionar el problema”, dijo.
“Aunque la idea de suprimir las penas cortas de prisión no es una idea nueva, se van planteando a lo largo del tiempo nuevas fórmulas que superen la ejecución clásica de las penas privativas de libertad. Se trata en definitiva de que la pena privativa de libertad, sea la “última ratio” dentro del sistema penal”, añadió. Además, en las medidas alternativas, la persona tiene “un papel activo” en su cumplimiento y se evita la reincidencia y el posterior ingreso en prisión.
Para dar cumplimiento a las penas y medidas alternativas, la administración penitenciaria cuenta con 53 servicios de gestión de estas penas, distribuidos por toda la geografía española donde el Estado ejerce sus competencias (excepto los citados Cataluña y País Vasco), y cuenta con más de 54.000 plazas de actividades de utilidad pública mediante convenio, como comedores sociales, limpieza de playas, espacios públicos, apoyo a labores auxiliares en eventos deportivos, apoyo en bibliotecas municipales, centros de personas dependientes o con discapacidad y residencias de mayores. Pero estas penas también se pueden cumplir mediante la realización de talleres y programas para los que también hay un amplio catálogo.
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