MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este viernes que la comunicación de la ONU sobre las leyes de concordia que han impulsado PP y Vox en varias comunidades autónomas es “demoledora” y anunció que va a instar al Gobierno de Aragón a que se “siente” con el Gobierno central para que el texto “entre” en el “respeto de los derechos humanos”.
Ángel Víctor Torres compareció desde la Delegación del Gobierno en Canarias para valorar la comunicación de la ONU con respecto a las leyes de concordia que han impulsado PP y Vox en comunidades como la Valenciana, Castilla y León o Aragón. El ministro aseguró que el escrito de la ONU “dice con contundencia” que estas leyes “vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas”.
Añadió que Naciones Unidas “exige” que las comunidades autónomas y el Estado corrijan “lo que esas leyes exponen con respecto, a lo que es la vulneración de los derechos humanos, la protección de los convenios internacionales” o “la visibilización de las víctima de la represión franquista y de la dictadura”.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
En concreto, según el ministro, la ONU afirma que la ley de Castilla y León “suprime la palabra dictadura para referirse al periodo histórico del franquismo” y añade que “se invisibiliza la violación de los derechos humanos al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad”.
En cuanto a la de Aragón, la ONU señala que el texto “no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo”, sino que “habla de atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil”.
Sobre la de Valencia el órgano internacional valora que “desvirtúa el objeto de las leyes de memoria anteriores de la comunidad de Valenciana” y la de memoria democrática de 2022, porque “hacen referencia también a las víctimas de la segunda república”, un período que la ONU no considera comparable porque fue “democrático” a diferencia del régimen franquista.
ENCUENTRO BILATERAL
Por todo ello, Torres avanzó que “a comienzos de la próxima semana” comunicará al Gobierno de Aragón “la interposición” del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para convocar una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón, para abordar este tema.
No obstante, si la administración aragonesa “no se quiere sentar con el Gobierno de España” Política Territorial llevará el asunto al Tribunal Constitucional y se hará “lo propio” con la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Torres finalizó subrayando que en su ministerio están “satisfechos” con la comunicación, que se ha dado en “pocas semanas” y de manera “contundente y unánime”.
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