MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
El ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió este miércoles que las comunidades autónomas deben cumplir el decreto-ley que modifica la Ley de Extranjería para hacer obligatorios los traslados de menores migrantes cuando la capacidad ordinaria de un sistema de protección autonómico esté al triple de sus posibilidades y les avisó de que, en caso de no aceptarlo, habría consecuencias administrativos e incluso “de carácter penal”.
En declaraciones a laSexta recogidas por Servimedia, Torres admitió que, “en todo caso, las comunidades pueden acudir al Tribunal Constitucional”, aunque consideró que la norma encaja perfectamente en la Constitución. “Es ley y por tanto tienen que cumplirlo”, defendió, dijo en referencia a algunas manifestaciones de líderes del PP.
Torres explicó que las autonomías tienen de plazo hasta el 31 de marzo para certificar cuántos menores atienden en sus sistemas de protección, porque en función de este dato, de la población de cada territorio, de las plazas ya creadas y de otros criterios, se calculará cuántos más deben acoger. “Más transparencia y más calidad, imposible”, aseguró.
Preguntado sobre lo que ocurriría si estas comunidades se niegan a acoger a los menores, Torres apuntó que “estarían incumpliendo la ley”, por lo que, “lógicamente”, se les trasladarían requerimientos.
Afirmó que, si las comunidades no trasladan sus datos sobre menores atendidos y plazas, el Gobierno puede buscar “otros mecanismos” para acceder a esa información, y advirtió que estarían incurriendo en “incumplimientos administrativos” e incluso “de carácter penal”.
“A mí no me cabe en la cabeza que incumplan, porque ¿Qué razones tienen para no certificar el número de menores que tienen?”, se preguntó. “Hay comunidades que llevan años diciendo que están saturadas. Perfecto, este es el momento de demostrarlo”, argumentó. Para ello, añadió, basta con “un certificado que diga ‘la Comunidad de Madrid tiene X menores no acompañados, estamos saturados'”.
En su opinión, “si no envían ese certificado, es que o no están” saturados como dicen “o quieren ocultar la realidad”.
El ministro agregó que este decreto, que ahora tiene que convalidar el Congreso, pretende dar “una respuesta de justicia y de igualdad” para que menores que “están hacinados en una situación absolutamente insostenible” en Ceuta y Canarias sean redistribuidos por todo el país. Ahora mismo, “donde caben 20 hay 500 niños”, enfatizó. “¿Qué razones hay para oponerse?”, inquirió.
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