MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Francisco Nicolás González, conocido como el ‘pequeño Nicolás’, a un total de tres años y cinco meses de cárcel por un delito de usurpación de funciones públicas y otro continuado de falsedad en documento oficial cometido por un particular por hacerse pasar por asesor de la Vicepresidencia del Gobierno bajo mandato de Mariano Rajoy y agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Esta es la tercera condena que cosecha el joven y la segunda por el delito de usurpación de funciones, al hacerse pasar por alto funcionario del Estado. En la anterior ocasión se le impusieron tres años de prisión por fingir que era un cargo del Gobierno y de la Casa Real que tramitaba una reunión con el presidente de Alsa en 2014.
El tribunal considera probado que el ‘pequeño Nicolás’, mantenía relaciones con “importantes” empresarios, políticos y autoridades “por circunstancias todavía no esclarecidas”, lo que propició que conociera al empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga, al que ofreció ayuda para varias operaciones económicas con el argumento de que trabajaba con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el CNI.
Según la sentencia, de 95 páginas, Francisco Nicolás se desplazó “por Madrid en vehículos de alta gama con conductor previamente contratados” en los que utilizó “de forma externa y visible señales luminosas idénticas a las autorizadas para los vehículos de servicios públicos u oficiales” con la “clara intención de aparentar”.
La Fiscalía provincial de Madrid solicitaba seis años de prisión para Gómez Iglesias por haberse hecho pasar por un miembro de la Vicepresidencia del Gobierno para estafar a una tercera persona en la venta de una finca situada en Toledo llamada La Alamedilla.
Según la Fiscalía, a principios del mes de octubre de 2014 el acusado entró en contacto con el empresario Javier Martínez de la Hidalga que, en su condición de administrador de la mercantil Hacienda La Alamedilla S.L., estaba interesado en vender una finca llamada La Alamedilla, situada en la provincia de Toledo.
Gómez Iglesias, que no era funcionario público ni tenía cargo ni función en ningún organismo público, se hizo pasar por miembro del equipo de trabajo de la vicepresidenta del Gobierno de España y agente del CNI, de tal forma que mantuvo varias reuniones con el empresario durante las cuales le persuadió del interés del Gobierno en ayudarle a vender la finca a algún comprador extranjero. Incluso le llegó a mencionar como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial. Por ello, le pidió 300.000 euros en concepto de intermediación en la venta.
Al mismo tiempo, el acusado tuvo conocimiento de que en la delegación de la Agencia Tributaria de Málaga se había dictado una propuesta de liquidación de 5.050.916,38 euros contra Martínez de la Hidalga y la sociedad Petraxarquia. A raíz de tener esta información la Fiscalía sostiene que el acusado, “con ánimo de obtener un ilícito beneficio económico”, se aprovechó de esta situación e ideó un plan para apoderarse de los activos financieros del empresario en apuros y de su esposa, que ascendían a más de 500.000 euros.
El acusado contrató el alquiler de vehículos de alta gama de color negro y con conductor, se hizo con una lanza destellos tipo policial para colocarlo en los citados vehículos y elaboró varios documentos oficiales “mendaces” de Presidencia del Gobierno de España, Casa Real, CNI, etc. En estos documentos utilizó los escudos de España y de la Casa Real de S.M. el Rey, y otros logotipos y anagramas propios de los documentos oficiales, todos ellos obtenidos de documentos que encontró en Internet.
Asimismo, publicó en su perfil de Facebook varias fotografías en las que aparecía con personalidades de la política y el mundo empresarial: en la recepción del Rey el día de la coronación, con el expresidente del Gobierno José María Aznar en la Fundación FAES, con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y otras fotografías en las que se ve al acusado participando en reuniones y actos con importantes empresarios.
Más tarde, el acusado expuso a Martínez que la Agencia Tributaria ya había decretado el embargo contra sus cuentas y las de su familia y que debía colaborar en una supuesta investigación del Gobierno relativa a la actuación ilícita de un funcionario de Hacienda y de esa forma evitaría que el embargo se produjera
Finalmente, tras varias visitas a una entidad bancaria, el director de la sucursal, “ante la sospecha de que todo fuera una estafa”, trató de retrasar la operación por lo que les comentó, al acusado y al empresario, que no sería hasta pasados unos días cuando procederían a la apertura de la nueva cuenta y la transferencia del dinero.
Acto seguido, en previsión del embargo, Martínez de la Hidalga procedió a retirar 25.000 euros mediante un cheque firmado por su esposa. La cajera de la sucursal le entregó dos sobres blancos con 15.000 y 10.000 euros, respectivamente. Inmediatamente ambos abandonaron la sucursal y se subieron al vehículo donde el acusado le pidió los sobres con la excusa de guardar el dinero en un lugar seguro, “a lo que éste accedió con la intención de que se los guardara y se los devolviera posteriormente”.
El día 13 de octubre de 2014, el empresario tuvo dudas de la operación, por lo que pidió al acusado que le devolviera su dinero. Éste le devolvió en un sobre con el escudo de España y logotipo ‘Gobierno de España. Ministerio de la Presidencia’, que había elaborado previamente, con 10.000 euros y le mostró otro idéntico en el que, según le dijo, contenía 15.000 euros “y que no se lo devolvía todavía”.
En el momento de la detención al acusado le fueron ocupados un dosier de 49 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado ‘Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia. Comité para la planificación del Plan E-GG’ y un dosier encuadernado de 44 hojas con membrete de Presidencia del Gobierno titulado ‘Informe planificación 31 de julio-Informe Casa Real-Dirección General de Patrimonio del Estado-Informe del Ministerio del interior y Ministerio de Industria, Energía y Turismo’, ambos documentos mendaces elaborados por el acusado.
En el registro domiciliario realizado en la vivienda donde reside se ocuparon, entre otros muchos efectos y documentos, un rotativo policial de color azul, una placa emblema de la Policía Municipal de Madrid y una placa emblema de la Guardia Civil. El empresario recuperó los 25.000 euros, que Francisco Nicolás le devolvió.
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