MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Sumar ha registrado en el Congreso una proposición de ley para establecer un marco permanente que permita actualizar los precios en los contratos del sector público cuando se produzcan incrementos en los costes salariales derivados de convenios colectivos o subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Según el texto de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, la proposición busca dotar al sistema de contratación pública de “instrumentos que garanticen su adaptabilidad a las dinámicas económicas y sociales, respetando los derechos laborales y preservando la estabilidad de los contratos”.
La propuesta establece que se podrá actualizar el precio en aquellos contratos donde los costes salariales representen al menos el 30% del presupuesto base de licitación, excluyendo los contratos de concesión de obras y servicios, así como aquellos con duración inferior a un año.
El texto plantea modificar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público para que los órganos de contratación desglosen en el presupuesto los costes salariales cuando estos supongan ese porcentaje mínimo del 30%, incluyendo estimaciones sobre su posible evolución durante la ejecución del contrato.
GARANTÍAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES
La reforma pretende ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas adjudicatarias, especialmente pymes, que actualmente deben asumir incrementos salariales sin mecanismos para actualizar los precios del contrato, lo que vulnera el principio de equilibrio económico-financiero.
Los derechos laborales de los trabajadores que prestan servicios en contratos públicos se verán beneficiados, ya que la imposibilidad de ajustar precios ha generado en muchos casos condiciones precarias, retrasos en pagos o incumplimientos de convenios colectivos.
La proposición establece que el convenio de referencia para determinar los costes salariales será el vigente para el personal laboral de la administración contratante que realice tareas similares, siempre que sus condiciones sean superiores al convenio sectorial.
PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN
Sumar plantea que las empresas contratistas podrán solicitar la actualización del precio durante la vigencia del contrato cuando el incremento salarial derive de normas legales o convenios, mediante un procedimiento contradictorio que el órgano de contratación deberá resolver en plazos tasados.
La actualización se producirá desde la fecha de aplicación efectiva del incremento salarial y solo afectará a la parte del precio impactada por dichos costes. En caso de subcontratación, la empresa principal deberá trasladar la actualización a las subcontratadas.
De ser aprobada por las Cortes, la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y se aplicaría tanto a los contratos en ejecución como a los que estén en fase de preparación y licitación en ese momento.
“JUSTICIA SOCIAL”
La reforma busca consolidar un sistema de contratación pública más justo y eficiente, coherente con el respeto al derecho laboral y las directivas comunitarias de 2014, evitando que los derechos salariales sean “moneda de cambio” para tener servicios públicos de calidad.
Se pretende acabar con los desequilibrios salariales entre empleados públicos y personal de contratas que realizan tareas similares, eliminando discriminaciones que generan trabajadores “de primera y segunda” en términos retributivos.
La proposición responde a “los principios de justicia social, eficiencia económica y buena administración”, al tiempo que busca garantizar servicios públicos de calidad sin precarizar condiciones laborales, sino mediante mejor gestión empresarial e innovación.
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