MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
Sumar registró este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para reformar el sistema de acceso a la carrera judicial y canalizarlo exclusivamente por centros públicos y sin preparación privada de jueces en ejercicio a los aspirantes.
La presentó en rueda de prensa el portavoz de Justicia del grupo parlamentario, Enrique Santiago, quien denunció que el actual sistema se aprobó en 1870, que los valores del franquismo han seguido perviviendo en democracia y que el 98% de los jueces en ejercicio reconocen que les pagaron la preparación académica sus padres.
También criticó que el sistema de evaluación sea puramente memorístico en una época donde ya se han generalizado las bases de datos informáticas; que en cambio no se exige a los jueces que acrediten neutralidad, empatía por los ciudadanos o sensibilidad democrática; y la “opacidad” de esta preparación de futuros jueces por otros en ejercicio, con un tiempo que sacan del que deberían dedicar a instruir, y con “adoctrinamiento en determinados valores” ideológicos. Un sistema que a su juicio no se puede “subvencionar” con dinero público, como harán por ejemplo las becas que ha aprobado el Ministerio de Justicia.
Santiago explicó que la proposición de ley prevé de forma inmediata, mediante la reforma de ocho artículos de la Ley del Poder Judicial instaurar un sistema transitorio por el que, tras la carrera de Derecho, los mejores estudiantes accederían a una carrera judicial, un máster de dos años, y luego los mejores de ésta serían directamente nombrados jueces. Los que no consiguieran la plaza podrían homologar su formación para ser abogados.
En el plazo de un año, este sistema se derogaría para crear una Escuela de Funcionarios Jurídicos del Estado, el cambio verdaderamente “radical” según Santiago. Accederían a ella los estudiantes que quisieran ser jueces, fiscales, abogados del Estado o letrados del CCPJ. Tras una prueba de acceso unificada para todo el Estado, los aspirantes ingresarían en una escuela de formación, que les impartiría un máster de dos años en universidades públicas. Los estudiantes que obtuvieran las mejores notas podrían acceder a la especialidad jurídica que desearan, igual que los médicos u otros profesionales.
El portavoz de Sumar aseguró que existe un “amplio acuerdo” con sus socios parlamentarios en la necesidad de modificar el acceso a la carrera judicial, pero puntualizó que para su grupo “no valen reformas coyunturales o cosméticas” como el mencionado sistema de becas. Además, garantizó que el sistema que propone Sumar se inspira en los de países de la UE.
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