MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Sumar votará esta semana a favor de la reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a las personas con discapacidad, aunque, como parece, el Pleno del Congreso de los Diputados rechace, con los votos del PP y PSOE, su enmienda para incluir en la Carta Magna el derecho civil valenciano.
El pasado martes, en rueda de prensa en el Congreso, la portavoz adjunta segunda del grupo parlamentario de Sumar y electa de la formación valenciana Compromís, Águeda Micó, confirmó lo que Servimedia avanzó el 30 de diciembre: que, a diferencia de otros partidos como EH Bildu y el BNG, la coalición liderada por Yolanda Díaz sí presentaría una enmienda a la reforma de la Carta Magna aprovechando la del artículo 49, pero sin condicionar a su aprobación el voto afirmativo a ésta última.
Micó garantizó que “tanto Compromís como Sumar estamos totalmente de acuerdo con esta reforma constitucional” del artículo 49 , y que por tanto su “voto va a ser favorable con independencia de que el Partido Socialista y el Partido Popular acepten la enmienda” del derecho civil valenciano. Sólo lamentó que ambas formaciones “van a demostrar una vez más que los intereses de los valencianos no les importan”.
Es más, la diputada de Compromís quiso subrayar, como también puntualizaron en diciembre fuentes de la formación a esta agencia, que el propio Cermi dio su apoyo a aprovechar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que sustituirá el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad” en la Constitución, para introducir en la Carta Magna el derecho civil valenciano.
Ésta es una reivindicación con gran arraigo social en la Comunidad Valenciana, aprobada en las Cortes autonómicas con el propio voto del PP y el PSOE, en las diputaciones provinciales y en los 541 ayuntamientos de la región.
El derecho civil valenciano contiene particularidades como la prevalencia de los bienes separados en el matrimonio, la custodia compartida de los hijos y otras en materia de herencias, legado del derecho de la Corona de Aragón, y según Compromís no confronta con el derecho español.
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