MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados y parlamentario de Sumar por los Comunes, Gerardo Pisarello, afirmó este martes que los jueces han de aplicar la ley de amnistía aprobada en Las Cortes para los implicados en el ‘procés’ en Cataluña, “porque lo contrario es prevaricar”.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, Gerardo Pisarello reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo, que acordó ayer lunes no aplicar la ley de amnistía a los investigados por delito de malversación en la causa del ‘procès’ y mantener la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig.
Pisarello aseveró que, con dicha decisión, el Supremo “directamente lo que hace es inaplicar la ley, cuando los jueces, como decía Montesquieu, son la boca muda de la ley: tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar”.
“Y si tienen dudas, plantean cuestiones de constitucionalidad, y si quieren hacer política se presentan a elecciones, pero lo que vimos en estas decisiones es una auténtica vergüenza desde el punto de vista jurídico, inaceptable”, subrayó.
Preguntado sobre si considera que los jueces del Supremo prevarican, afirmó que, en su opinión, “lo que hay es un retorcimiento absoluto de la interpretación de la ley, no la quieren aplicar, se inventan una teoría como esta de la malversación por ahorro, una cosa que no se había oído nunca”.
RECURSOS DE AMPARO
No obstante, Pisarello observó que “seguramente se van a presentar recursos de amparo” y confió en que “el Tribunal Constitucional corrija esta desmesura y que a nadie del PP se le ocurra decir luego que el Tribunal Constitucional es el cáncer de la democracia porque no tiene mayoría allí”.
Respecto a las consecuencias que puede tener para la conformación del Gobierno en Cataluña, y para la legislatura misma, el diputado de Sumar sostuvo que “esto continúa introduciendo una anomalía en la política española, que tiene repercusiones naturalmente en la política catalana, que es no reconocer la soberanía popular.
“La soberanía popular, que se expresa en el Parlamento, elabora leyes y cuando esas leyes tienen apoyo mayoritario tienen que aplicarse”, recalcó.
Y agregó que “si no se está de acuerdo” con la ley, el juez debe plantear una cuestión de constitucionalidad, “pero lo que vimos ayer no tiene nada que ver con eso, es una anomalía y un desconocimiento de lo que debería ser la función judicial en un Estado de derecho”.
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