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Se oficializa la transferencia de la gestión del litoral al País Vasco

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MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el decreto por el que se aprueba el traspaso de la gestión del litoral vasco al Gobierno de esta comunidad autónoma.

Esta transferencia pactada por el Ejecutivo vasco con el Gabinete de Pedro Sánchez incluye la gestión en la costa vasca de autorizaciones, concesiones y sanciones en el dominio público marítimo-terrestre.

Según recoge el BOE de este lunes, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de diciembre el Real Decreto 1310/2024, que formaliza la cesión de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Comisión Mixta de Transferencias acordó el 16 de diciembre el traspaso, que será efectivo desde el 1 de abril de 2025 e incluye la gestión y otorgamiento de autorizaciones de usos temporales en playas y mar territorial.

Entre las competencias transferidas destaca la gestión de concesiones demaniales para vertidos, acuicultura, instalaciones desmontables y obras fijas en el mar, así como la capacidad sancionadora por incumplimientos.

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La comunidad autónoma asume también la planificación y ejecución de obras que no sean de interés general, mientras que el Estado mantiene la fijación de cánones y su recaudación por el uso del dominio público marítimo-terrestre.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Al mismo tiempo, se crea una Comisión de Seguimiento paritaria con tres representantes de cada administración para garantizar la cooperación en la gestión de las ocupaciones del litoral y resolver posibles conflictos.

El Ejecutivo de Vitoria participará mediante informes en la planificación de obras de interés general y en su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado.

El traspaso incluye personal, medios materiales y una partida única de 218.876,90 euros, además de los correspondientes créditos presupuestarios anuales para el ejercicio de las nuevas competencias.

El acuerdo respeta la titularidad estatal del dominio público marítimo-terrestre establecida en la Constitución, si bien otorga amplias competencias de gestión al Gobierno Vasco en su ámbito territorial.


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