MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Mandoa’, ha procedido a la detención de una persona, vecina de Baleares, con motivo de la solicitud de las autoridades policiales de diferentes países para la investigación de otras cinco personas como autoras de una estafa a nivel mundial a través de inversiones en criptomonedas, en la que habrían estafado más de 100 millones de euros a más de 3.000 personas de todo el mundo.
Según informó este lunes el Instituto Armado, fruto de la operación, se ha permitido destapar a la trama y localizar más de 3000 víctimas de todo el mundo, 100 de ellas ubicadas por todo el territorio nacional.
La investigación se inició tras la denuncia de una persona en la provincia de Álava en el que manifestaba haber sido víctima de una estafa por invertir en criptomoneda. Por tal motivo, los agentes procedieron a seguir el rastro de las transferencias de dinero dando como destinatario una empresa que estaba ubicada en Palma de Mallorca.
Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que esta empresa volvía a realizar nuevas transferencias a países ubicados fuera de la Unión Europea, los cuales eran el destino final del dinero.
MARKETING AGRESIVO
Asimismo, la Guardia Civil pudo averiguar que los miembros de la organización captaban potenciales clientes a través de estrategias de marketing agresivas en conocidas páginas web, mediante llamadas telefónicas, anuncios publicitarios en periódicos, SMS, etc. Y en los que les prometían altos rendimientos sin riesgo.
Una vez que la organización formalizaba el contrato con sus víctimas para realizar las inversiones en criptomonedas inexistentes, que normalmente oscilaban entre los 250 y 1000 euros, la organización les facilitaba un acceso a una página web donde se podían consultar los beneficios de su inversión con falsos gráficos creados al efecto. De este modo, daban una apariencia legal a las operaciones generando así la confianza de las víctimas
A partir de ahí, los inversores recibían constantes llamadas telefónicas en las que los falsos bróker le informaban de los enormes beneficios obtenidos y les animan a continuar con las inversiones inexistentes llegando en algunos casos, a convencer a sus víctimas invertir todos sus ahorros.
Cuando el inversor-víctima pretendía recuperar lo invertido o los beneficios obtenidos, los falsos brokers le pedían más dinero para poder retirar los fondos empleando para ello diferentes excusas, como el pago de impuestos o el cierre de balances anuales, produciéndose un segundo engaño.
La operación ha sido llevada a cabo por especialistas en ciberdelincuencia de la Guardia Civil del País Vasco, de Baleares y de la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid y dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vitoria-Gasteiz (Álava).
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