MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que su plan de regeneración democrática obligará a los medios de comunicación a publicar quiénes son sus accionistas, cuáles son sus fuentes de financiación y qué cifras de audiencia tienen en base a una medición “honesta”.
Así lo avanzó en su comparecencia ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de las últimas reuniones del Consejo Europeo y presentar su Plan de Acción para la Democracia, el cual trasladará a los grupos parlamentarios en una ronda de contactos que se producirá en “las próximas semanas”.
El plan de regeneración democrática tendrá tres líneas: propuestas para el Poder Ejecutivo, otras para el Legislativo y finalmente una serie de medidas para los medios de comunicación, que resumió en tres líneas principales en base al Reglamento europeo.
En lo que respecta al Poder Ejecutivo, Sánchez anunció la aprobación de una “Estrategia Nacional de Gobierno Abierto” y una nueva “Ley de Administración Abierta” para “ampliar y mejorar” la cantidad y calidad de información gubernamental.
Por su parte, y en lo que respecta a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo se comprometió a “fortalecer” la “transparencia, pluralidad y responsabilidad del ecosistema informativo”.
Con este objetivo, la UE aprobó en marzo un Reglamento europeo de Libertad de Medios de Comunicación que busca “establecer salvaguardas para combatir las injerencias políticas en las decisiones editoriales (…), proteger a los periodistas y a sus fuentes y garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación”.
Este Reglamento fija una serie de medidas aprobadas por todos los grupos del Parlamento Europeo, “salvo la ultraderecha”, explicó Sánchez.
Según el presidente, las medidas que se deben desarrollar en España se centran en cuatro grandes principios: “transparencia, independencia, pluralismo y protección”.
Sobre la transparencia, Sánchez propuso “fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados”. “Los ciudadanos deben poder conocer las fuentes de financiación de los medios, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia”, dijo.
FINANCIACIÓN
“Debemos limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios para que no haya ninguno que tenga más financiadores públicos que lectores”, señaló el presidente y añadió que, para ello, “habrá que actualizar la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, cuando se leían más en papel que en pantalla y no existían las redes sociales”.
“Los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia mediante el uso, por ejemplo, de ‘bots’ o de ‘clickbaits’”, señaló.
Respecto a la independencia, el jefe del Ejecutivo propuso medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios “para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información”.
“Debemos limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios que tengan más financiadores públicos que lectores y para asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”, apostilló.
Asimismo, apostó por “mecanismos de defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios en pocas manos”. También propuso medidas para asegurar los derechos de los medios de comunicación y los consumidores frente a las grandes plataformas digitales.
Sánchez dijo que no es el cometido del Gobierno el repartir “carnés de fiabilidad” entre los medios de comunicación, ya que es algo que deben hacer los ciudadanos.
DIGITALIZACIÓN
El Gobierno, según Sánchez, también debe “ayudar a los medios a seguir digitalizándose de forma independiente y segura”. De este modo, anunció un paquete de 100 millones de euros de ayudas para la digitalización de los medios de comunicación que lo necesiten con el fin de “crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren su productividad y calidad informativa y reforzar su ciberseguridad”, añadió.
Del mismo modo, pidió reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía, así como una nueva reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, llamada por algunos partidos ‘ley Mordaza’, en lo relativo a la libertad de expresión.
PODER LEGISLATIVO
En lo que respecta al poder legislativo y el sistema electoral, Sánchez pidió reformar los Reglamentos del Congreso y del Senado para endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades, o que lo hagan con información falsa o incompleta.
Sánchez propuso una reforma de la Ley Electoral con un doble objetivo: establecer la obligatoriedad de celebrar debates electorales entre los candidatos en los medios de comunicación. Y, además, una reforma “para que todas las encuestas publicadas incorporen los microdatos y la metodología de estimación de resultados”, dijo.
Para garantizar “la supervisión y el cumplimiento de todas estas medidas”, Sánchez anunció que se ampliarán las funciones y las capacidades de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia” (CNMC). “Estas son las medidas que una amplísima mayoría de parlamentarios votó en Estrasburgo”, añadió.
“GOBIERNO ABIERTO”
Respecto al Poder Ejecutivo, apuntó que el Ejecutivo propondrá “nuevas medidas de transparencia y de participación ciudadana”. Para ello, anunció que “vamos a aprobar una estrategia nacional de Gobierno abierto, vamos a presentar una nueva ley de Administración pública abierta que amplíe y mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental”
“Somos el tercer país de la Unión Europea con más datos en abierto y el quinto de la organización OCDE, pero queremos ser el primero, queremos hacer del Gobierno abierto un pilar de la gestión pública, dentro y fuera de nuestras fronteras”, destacó, y anunció que, por ello, Vitoria acogerá la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025.
Se trata, según apuntan desde el Ejecutivo, de una cita internacional en la que participarán más de 2.000 expertos y líderes gubernamentales de todo el mundo. El hecho de acoger esta cumbre “refuerza la posición referente de nuestro país en materia de transparencia y participación ciudadana”.
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