MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont asume que puede ser detenido al regresar a Cataluña para el debate de investidura y sugiere que si es así la actitud “antidemocrática y antiliberal” de los aparatos del Estado servirán a la estrategia por la independencia, a la que no renuncia, tampoco por la vía unilateral.
En una carta de tres páginas difundida a través de las redes sociales, insistió en que se fue al “exilio” para “preservar” la Presidencia de la Generalitat de Cataluña y asegurar la “continuidad institucional histórica” que el PP y el PSOE quisieron interrumpir con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el inicio de la “causa general contra el independentismo”.
Junto a eso, su objetivo era defenderse “de la represión española en mejores condiciones” de lo que habría podido hacer desde una cárcel, todo ello “convencido de que los resultados de este esfuerzo, sumados a los resultados de los esfuerzos desde el interior de todos los que iniciamos el camino de la independencia de Catalunya, deberían de servir para preparar mejores condiciones y reanudar la lucha”, puesto que lo considera “extraordinario y excepcional”.
Subraya “muy larga” la lista de logros y por ello cree que “la represión del Estado se ha incrementado a medida que íbamos manteniendo la posición y fracasaban en su intento de liquidarnos. Nos han puesto en el centro de todas las dianas, se han orquestado durante años campañas de difamación masiva y se han abierto multitud de frentes judiciales con el objetivo de agotar nuestras fuerzas y provocar el efecto disuasorio que toda represión comporta”.
Reconoce que “algunas cosas empezaron a cambiar” a partir de las elecciones generales de 2023. “La estrategia de los indultos era una estrategia española; la de la amnistía es una estrategia catalana. Había que acabar con las condenas, los procesos judiciales, las causas secretas, los exilios y toda la criminalización contra el independentismo si el Gobierno español quería mantener una negociación con quien le proporciona los votos imprescindibles para gobernar”, explica.
“Por primera vez en todos estos años se vislumbraba la posibilidad de una amnistía real y del fin del exilio, así como la posibilidad de hacer política en condiciones de mínima normalidad. La tramitación de la ley desató una verdadera tormenta social, política y mediática en España, que tuvo un gran rezo en las instituciones europeas y en los medios internacionales. Nadie dudaba de que la ley era fruto de un acuerdo político con el independentismo que permitía al PSOE sostenerse en el Gobierno español, pero tampoco nadie tenía ninguna duda sobre cuáles eran los destinatarios de la ley y qué resultados se buscaban”, dice Puigdemont en su carta.
Así, después de “una negociación más larga y difícil de lo que nosotros habríamos querido” se llegó a un acuerdo con una redacción que “cerraba porra a las interpretaciones perversas a las que tienen acostumbrado los jueces patrióticos y sólo les dejaba una única opción si querían evitar los efectos de la ley: El incumplimiento. Es decir, la rebeldía contra las instituciones democráticas. Y, en efecto, han urdido una estrategia para incumplir la ley sabiendo que los responsables que deberían castigarles por esta vulneración democrática siempre serán… ellos mismos. Se han mofado de la ley, que es lo mismo que decir que se han mofado de las Cortes españolas y de la democracia, sabiendo que esto no tendrá ningún coste para ellos en ningún sentido: ni personal ni profesional. Así, España nunca podrá ser un Estado de derecho entre los jueces desobedecen al Parlamento y, sobre todo, si cuando lo hacen no les pasa nada”.
En ese contexto, que tilda de “golpe de Estado híbrido”, admite que su regreso “puede comportar la detención y el ingreso en prisión, quien sabe por cuánto tiempo”, pero asegura que hay dos cosas que no cambiarán. “La primera, la necesidad de la independencia como única alternativa a la supervivencia nacional, social, cultural, lingüística, económica y democrática de Cataluña”, y la segunda es su “determinación personal en defender la causa de la independencia en cualquier situación y en cualquier contexto, sin ninguna renuncia. Ni a la negociación bilateral cuando se den las condiciones, ni a la acción unilateral también cuando sea la única alternativa a nuestro alcance. Ambas son democráticamente legitimas, especialmente cuando se impide y criminaliza el ejercicio democrático de derechos humanos colectivos”.
“GUERRA SUCIA” Y ERC
Considera que el aval de la militancia de ERC a la investidura de Illa “hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días” y que siempre ha sido “consciente de ese riesgo”, pero no ha querido publicar esta carta hasta después de la consulta para no ser acusado de “chantajear emocional —lo que en los siete años en el exilio he rehuido siempre— ni de interferir en el proceso interno de otra formación política”.
Puigdemont defiende que antes de avalar a Illa “era necesario explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones”.
En todo caso, igual que irse de España fue una decisión política, explica que volver “también lo es”, y sugiere que ERC fue parte de la “guerra sucia” y de la “campaña de desprestigio” contra él. “La política catalana ha entrado en una nueva etapa, compleja y difícil y requiere que haya organizaciones capaces de devolver confianza y esperanza a la gente que sueña con una nación libre y próspera. Hay que expulsar las malas artes y la toxicidad como tácticas de ganancias partidistas y debemos dirigirnos sin subterfugios ni viciadas estrategias de comunicación a toda aquella gente que ha dejado de confiar en la política como vehículo para discutir de los problemas y resolver el futuro”.
“Si me detienen, no será la primera vez. He estado en una cárcel alemana y en otra italiana; he sido arrestado en una comisaría belga y he sido convocado por la policía antiterrorista francesa. Todo esto, por supuesto, por órdenes del aparato judicial español”, asegura, pero enfatiza que lo “verdaderamente importante será la evidencia que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español se lo mira con la indolencia del resignado. Hace más aspavientos porque un juez imputa a la mujer del presidente del Gobierno y le cita a declarar que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde de la entrada en vigor de la Constitución”.
Asegura que para detenerle “tendrán que violar muchas cosas” y en la lucha por la independencia “esta actitud antidemocrática y antiliberal de los aparatos del Estado no es baladí”. “Que ninguna prisión ni amenaza alguna nos vuelva a dividir y paralizar, ni a descarriar el sentido de nuestra lucha: no es contra la represión que trabajaremos por la independencia, sino que es trabajando por la independencia que confrontaremos y conjuraremos la represión. No puede haber estrategia antirrepresiva si antes no hay una estrategia para la independencia, y tampoco puede haber estrategia para la independencia si no hay una nacional, de país, al servicio de la defensa de Cataluña contra quienes la quieren liquidar como nación”.
“Como me comentó una asistente al acto que organizamos en los Baños de Ar1es, no se trata de derramar Iágrimas sino de sacar las garras”, concluye Puigdemont.
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