MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El PSOE y el Partido Popular registraron este miércoles en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para dotar de más independencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado.
Esta reforma es fruto del pacto que sellaron en la tarde del martes el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta Vera Jourová en representación de la Comisión Europea. También acordaron la renovación “inmediata” del CGPJ.
Esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judcial (LOPJ) abre la puerta a una reforma del sistema de elección de los jueces en el futuro. En concreto, encarga al nuevo CGPJ que acuerde un nuevo modelo que tendrá que incluir la “participación directa” de los jueces para que puedan elegir a sus representantes en el CGPJ. Además, deberá ser presentado en un plazo de seis meses que empezará cuando entre en vigor la reforma de la LOPJ acordada, y tendrá que contar con el apoyo de una mayoría reforzada de tres quintos, es decir, de 13 vocales.
MEDIDAS DE INDEPENDENCIA
Esta mayoría reforzada será necesaria también para las decisiones más relevantes. Por ejemplo, la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales.
La reforma pactada por PP y PSOE —que no apoyarán ninguna enmienda que no presenten conjuntamente— establece además que el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo, sino que esa decisión la tomarán los nuevos vocales del Consejo, también por mayoría reforzada.
Los dos principales partidos políticos acuerdan también una serie de medidas para reforzar el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos.
En primer lugar, no podrán ser vocales del CGPJ aquellos jueces o juristas que desempeñasen un cargo político en los cinco años previos. Un plazo que se reduce a dos años para los magistrados que, tras pasar por la política, quieran volver a los tribunales. En este último caso, “quedarán en situación de servicios especiales a todos los efectos”.
Además, “deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público”.
Se recoge adicionalmente que se ampliará a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo, frente a los 15 actuales.
FISCALÍA
Por último, el acuerdo recoge una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impedir que sea fiscal general del Estado “quien en los cinco años anteriores” haya tenido un cargo político, como sucedió con la exministra Dolores Delgado.
También se establece que deberá ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión y tras escuchar al CGPJ.
PRÓXIMA SEMANA, TRAMITACIÓN
La ley empezará a tramitarse la próxima semana en el Congreso. La presidenta de la Cámara, Francina Armengol, informó este miércoles a los portavoces parlamentarios de que el Pleno se reunirá cuatro veces. La primera de ellas será el próximo jueves 4, cuando se votará su toma en consideración.
El texto se someterá al debate de totalidad el 11 de julio y su aprobación definitiva se prevé para el 23 de julio, fecha en la que el texto será enviado al Senado para culminar su tramitación parlamentaria, salvo sorpresa.
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