MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de 15 años de prisión para el empresario Alberto Luceño y nueve años para su socio Luis Medina por el ‘caso mascarillas’ en el que supuestamente estafaron al Ayuntamiento de Madrid en la venta de mascarillas y material sanitario durante lo más duro de la pandemia de covid-19.
El fiscal Luis Rodríguez Sol ya ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el que acusa a Luceño de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y oficial y delito agravado contra la Hacienda Pública.
Para el hijo del duque de Feria, Luis Medina, pide pena de presión al considerarle responsable de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil la venta de ese material sanitario por el que cobraron más de seis millones y medio de euros, lo que supuso más de la mitad del importe total de la factura.
La Fiscalía Anticorrupción pide también que se multe con 5,6 millones de euros a Luceño y con 450.000 euros a Medina, al tiempo que solicita que los dos acusados indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que firmó la compra.
En su escrito, el fiscal explica cómo los empresarios se pusieron en contacto con el Ayuntamiento a través de un primo del alcalde, y todo el proceso de toma de contacto con la administración local.
Insiste el escrito en que la intención de ambos empresarios fue la de “enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores”.
Además, explica el escrito que tanto Luceño como Medina mantuvieron en secreto las abultadas comisiones que pensaban cobrar por la transación y que en todo momento dijeron a al Ayuntamiento que sus motivaciones eran “altruistas” y que no pensaban “obtener ningún beneficio de la operación”. Pero también explica Anticorrupción que Luceño ocultó a su socio un protocolo firmado a sus espaldas por el cual él cobraría el triple de la comisión que le llegó a Medina.
En el auto de procesamiento del juez Adolfo Carretero, se consideraba delictivo el cobro de comisiones a espaldas del Ayuntamiento al que engañaron con poderes falsos de la empresa proveedora del material y documentos mercantiles también falsificados.
Entendía el juez que los dos empresarios se enriquecieron de manera ilícita perjudicando a las arcas municipales, pese a lo cual entendió que no se había producido blanqueo de capitales porque ninguno de los dos ocultó el dinero, un criterio que comparte Anticorrupción.
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