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Los profesionales de Sumar no recomiendan una regulación a largo plazo del alquiler y asistencia financiera del gobierno

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MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

Los grupos de trabajo que han elaborado el programa preliminar de la plataforma Sumar, que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, desaconsejan una regulación permanente del precio del alquiler, que en su opinión debería ser “excepcional” en el tiempo y el espacio, y tampoco recomiendan ayudas públicas para sufragar el coste del mismo.

Este último aspecto lo recoge el documento surgido del grupo de trabajo ‘Juventud’, que aconseja apoyar a los jóvenes pero “evitando estrategias como el bono del alquiler, que dan lugar a transferencias de dinero público a manos privadas (en este caso, los propietarios) y dejan en la misma situación de precariedad a la juventud”.

El resto de consideraciones sobre el sector lo ha elaborado el grupo de trabajo de ‘Vivienda digna’ que, en la línea de lo que han venido manifestando el PSOE y Unidas Podemos al aprobar la Ley de Vivienda, abogan por considerarla “un derecho subjetivo” y “un pilar más del Estado del bienestar”, al que se debería dedicar una partida presupuestaria del 1% del PIB.

Ahora bien, huyendo de la unilateralidad, los expertos de este grupo defienden “un marco regulatorio consensuado, estable y coherente, fruto del diálogo social y la negociación colectiva entre asociación de inquilinos, patronal de propietarios, proveedores de vivienda y el sector público”. Y, sobre todo, sugiere hacerlo “regulando, excepcionalmente en el tiempo y el espacio, los precios de alquiler en zonas de mercado tensionado”; es decir, rechazan una limitación de precios permanente en la zonas tensionadas, como sí recoge la Ley de Vivienda.

El comentario más audaz que recoge el documento es la posibilidad de, allí “donde el mercado esté excesivamente tensionado o no haya espacio para el crecimiento de la vivienda, explorar la limitación de comprar vivienda si no es para residir en ella, como ya ocurre en algunos lugares de la UE”.

SINTONÍA CON UNIDAS PODEMOS

Por lo demás, los expertos de Sumar se pronuncian en sintonía con los de Unidas Podemos. Por ejemplo, proponen “estabilizar el mercado de compraventa mediante hipotecas con intereses de tipo fijo y dificultar el tipo de interés variable”. En este sentido, el grupo confederal presentó hace semanas una iniciativa para facilitar el tránsito de variable a fija sin coste para el comprador. Los expertos de Sumar también aconsejan reservar el 40% de las promociones de vivienda a vivienda protegida, exactamente el porcentaje de la Ley de Vivienda, y prohibir que la vivienda pública se venda a agentes privados, como hace la norma.

Además, este grupo de trabajo acomete el tema de las viviendas vacías proponiendo un registro nacional que las contabilice y medidas sancionadoras contra los grandes tenedores, que estarían obligados a comunicar tal condición cuando se prolongue dos años, y condicionar los beneficios fiscales a sociedades inmobiliarias a que destinen un mínimo del 25% a vivienda protegida.

Las propuestas de Sumar también se identifican con las de Podemos en la Ley de Familias, al defender la prestación universal por crianza y el permiso remunerado de cinco días al año para cuidar a familiares, y en la promoción de un sistema de cuidados. Un matiz es que el grupo de trabajo de ‘Cuidados’ de la plataforma de Díaz sugiere limitar la reducción de la jornada laboral a un 75% del horario completo.

Igualmente, se aproximan al grupo confederal en el ámbito de la movilidad sostenible, cuyo documento sugiere implantar un impuesto al viaje en avión y una tasa pública de mantenimiento de las autopistas, en función de la renta, el uso y la motorización del vehículo, allí donde exista una alternativa en transporte público.

Con el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, los colaboradores del grupo de ‘Alimentación Saludable’ coinciden en recomendar “una regulación de la publicidad dirigida al público infantil y juvenil e introducir modificaciones en la Ley General de Publicidad para regular adjetivos alimentarios en la publicidad”, y en abogar por “una sociedad comprometida en la reducción en el consumo de carne y lácteos”.


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