MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La I Batalla Jurídica celebrada por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España y el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam) concluyó que la reforma de la justicia “debe ser fruto de un gran consenso político y social”.
En el evento, celebrado ayer lunes en Madrid, participaron destacados expertos y universitarios que debatieron sobre los principales desafíos que enfrenta el sistema judicial actual. Comenzó con una mentoría para grupos de universitarios, que participaron activamente en las mesas redondas.
La primera, titulada “’Búsqueda de la eficacia en la Administración de Justicia: la necesidad de un nuevo modelo de justicia’ y moderada por Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General y del Icogam, reunió a figuras clave como Juan Carlos Campo, magistrado del Tribunal Constitucional y exministro de Justicia, y a Rafael Catalá, exministro de Justicia.
Durante la presentación de la jornada de debate intergeneracional, el presidente del Icogam destacó el papel fundamental que ejercen los Gestores Administrativos en la sociedad. “Hacemos de traductor simultáneo entre la Administración y el ciudadano”, subrayó Santiago.
“La seguridad jurídica es un elemento indispensable para el desarrollo de nuestra economía. Por eso es importante plantear el debate sobre la reforma de un sistema judicial que se ve agotado. No sé si la reforma debe suponer un cambio radical del sistema o una evolución de este. Eso nos lo dirán nuestros ponentes”, continuó el presidente de los Gestores Administrativos.
“Los Gestores Administrativos estamos convencidos de que se deben potenciar los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC). Y hemos manifestado públicamente que la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa debe adaptarse a los tiempos que corren, y no convertirse en una Ley exclusiva para la defensa de los abogados”, afirmó Santiago.
Fernando Santiago abogó por la aprobación de una Ley de Colaboración Social Administrativa, que regule la relación entre los colaboradores sociales y la Administración, como mecanismo para simplificar los trámites en la Administración de Justicia, en particular, y en todas las administraciones, en general.
Tras su intervención, el presidente de los Gestores Administrativos dio paso a las ‘Batallas’. Juan Carlos Campo comenzó subrayando la importancia del “diálogo y el contraste de ideas como herramientas fundamentales para abordar los conflictos en una sociedad democrática”.
Insistió, además, en que el sistema actual, a pesar de haber funcionado durante años, “está agotado y no se ajusta a las necesidades del ciudadano”. Según Campo, uno de los principales problemas es la ineficacia del sistema. El magistrado del TC destacó que el sistema registra anualmente más de 7 millones de casos en los tribunales, lo que refleja una carga difícil de manejar. “El reto es modernizar un modelo judicial que ya no responde a las demandas del ciudadano del siglo XXI. Debemos poner el foco en el ciudadano”, señaló en exministro socialista.
Por otro lado, Rafael Catalá aportó un enfoque más pragmático. Aunque coincidió en la urgencia de los cambios, Catalá advirtió que no es viable crear un sistema completamente nuevo desde cero. “Partir y mejorar lo que ya tenemos”, aseguró. El ex ministro del PP hizo hincapié en que, aunque la Justicia necesita evolucionar, debe hacerlo aprovechando la infraestructura existente. Según Catalá, la solución no está solo en aumentar el número de jueces, sino en optimizar los recursos actuales y encontrar formas más ágiles para resolver los conflictos.
Aunque partieron de enfoques distintos, tanto Campo como Catalá coincidieron en la necesidad de impulsar métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y la negociación, para aliviar la sobrecarga que experimentan los juzgados. Mientras Campo abogó por un nuevo modelo de Justicia, Catalá defendió la reestructuración del sistema actual, pero ambos resaltaron la importancia de modernizarlo y adaptarlo a las demandas de la sociedad.
BATALLA UNIVERSITARIA
Tras la mentoría, los universitarios tomaron la palabra en la batalla dialéctica, donde cada grupo defendió su visión sobre el sistema de justicia actual. El primer grupo, bajo la tutela de Juan Carlos Campo, expuso con firmeza la necesidad de un nuevo modelo de Justicia. Argumentaron que el sistema actual está caducado y diseñado para una sociedad que ya no existe.
En su análisis, destacaron la excesiva burocracia, la lentitud en los procesos judiciales y la falta de adaptación a las nuevas tecnologías como los principales problemas. Propusieron una renovación radical que permita construir una justicia acorde a los retos del siglo XXI, incorporando tecnologías como la Inteligencia Artificial y métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación. Además, subrayaron que cualquier cambio debe estar sustentado por un amplio consenso político y social, y que no solo compete al Gobierno, sino también la ciudadanía en general.
Por otro lado, el segundo grupo, tutelado por Catalá, defendió que no es necesario un cambio radical en el modelo de Justicia, sino una actualización y optimización del sistema ya existente. Reconocieron los problemas que enfrenta la Administración de Justicia, como la saturación de los tribunales, la acumulación de casos y los retrasos en los procedimientos, pero enfatizaron que estos problemas no se resolverían con la creación de un sistema completamente nuevo. En su lugar, apostaron por una evolución que se apoye en las nuevas tecnologías y una mayor coordinación. Subrayaron que el modelo actual aún es viable si se moderniza adecuadamente.
Por último, en la ‘batalla de exministros’ entre Campo y Catalá, ambos profundizaron en sus visiones sobre el futuro de la Justicia. Campo subrayó que el sistema judicial actual está agotado. Destacó que, aunque las leyes deberían servir para mejorar la vida de los ciudadanos, la realidad es que la saturación de los tribunales y la falta de respuesta efectiva a los 7 millones de asuntos que ingresan cada año evidencian que el modelo actual, implementado en 1988, ya no funciona. Insistió en que es necesario “replantear por completo el sistema, colocando al ciudadano en el centro, para ofrecer una justicia que genere confianza y credibilidad”.
Para Campo, es clave asegurar que la Justicia no solo sea accesible, sino de calidad, y advirtió que la solución de aumentar el número de jueces no es la solución porque está demostrado que no acaba con los retrasos y, además, compromete la calidad.
Por su parte, Rafael Catalá adoptó una posición más favorable a la reforma del sistema judicial actual. Aunque reconoció que existen desafíos, defendió que el sistema actual tiene una base sólida y destacó el gran valor profesional del mismo. Aunque reconoció que requiere ajustes para ser más eficiente.
Catalá propuso centrarse en mejorar las leyes procesales, el sistema organizativo y aprovechar las tecnologías de la información para optimizar la Justicia. Además, enfatizó la necesidad de reformar los perfiles de los funcionarios y jueces, adaptándolos a las exigencias actuales mediante una formación que incluya habilidades tecnológicas y sociales. Según Catalá, los desafíos del sistema deben abordarse a través de grandes consensos y una visión integral de 360º, similar a los acuerdos alcanzados en la transición.
El segundo debate de la jornada: ‘Economía y Justicia: la Justicia como coste o la Justicia como elemento dinamizador de la economía’, moderado por Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General y del Icogam, fue protagonizada por los duelistas, Laura Díez y Enrique Arnaldo, ambos magistrados del Tribunal Constitucional.
Tras finalizar el periodo de mentoría establecido, comenzó la segunda ‘batalla universitaria’. Ambos grupos subrayaron el elevado coste de la Justicia, destacando que en España supera la media de los países de su entorno. Los estudiantes señalaron que, ante un coste, debe evaluarse el beneficio. En este caso, la Justicia contribuye a dinamizar la economía y proporciona estabilidad jurídica e inversora, lo que justifica plenamente su elevado coste.
Sin embargo, el grupo de Laura Díez y el de Enrique Arnaldo se mostraron en claro desacuerdo en cuanto a la inversión plurianual frente a proyectos concretos. El equipo de Arnaldo abogó por una inversión plurianual, multipartidaria y con planificación a largo plazo, sin depender de acciones impulsivas, aunque esto no excluya pequeños proyectos. Por su parte, el grupo de Díez argumentó que los proyectos concretos son la mejor opción, respaldando su postura con estadísticas comparativas de otros países.
Los dos grupos coincidieron en la importancia de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), especialmente ante el colapso que enfrentan los tribunales. En particular, destacaron el arbitraje como una herramienta eficaz, con más de “2.000 casos anuales aplicados en el ámbito del consumo”, según el grupo de Laura Díez. Debido a que las problemáticas más complejas y urgentes tienden a quedar relegadas, los MASC ofrecen soluciones personalizadas, adaptándose a disputas en áreas como “conflictos familiares y consumo”, lo que los convierte en un recurso valioso para aliviar la sobrecarga judicial, señaló el grupo de Enrique Arnaldo.
Ambos vieron en los MASC una solución efectiva para descongestionar el sistema judicial, ofreciendo procesos más rápidos, accesibles y que reducían tanto los costes económicos como emocionales. Aunque el grupo de Arnaldo defendió las inversiones plurianuales y a largo plazo en lugar de proyectos concretos, ambos grupos priorizaron que la Justicia fuera financiada con fondos públicos, ya que es un servicio esencial para todos.
PODER INDEPENDIENTE
En la segunda ‘batalla experta’, ambos duelistas coincidieron en que la Justicia es tanto un poder como un servicio público, esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática. Subrayaron que no puede entenderse uno sin el otro: el poder judicial canaliza los servicios públicos, siendo un poder al servicio de los ciudadanos. Además, ambos ponentes destacaron la necesidad de un poder judicial independiente para garantizar una Justicia efectiva.
Laura Díez señaló que, a pesar de las reformas realizadas, seguimos operando bajo un modelo de Justicia heredado de siglos, que no habría sido diseñado de la misma manera en el siglo XXI. También mencionó la falta de coordinación entre los recursos del Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, lo que afecta a la eficiencia del sistema. Arnaldo enfatizó que uno de los grandes problemas del sistema judicial es la baja retribución de los jueces, y aunque reconoció que la justicia es costosa, la consideró un gasto necesario que las sociedades democráticas deben asumir.
Al final de la jornada de debate, Fernando Santiago intervino con una reflexión destacando que “en un juicio no hay vencedores ni vencidos”, sino que prevalece la verdad y el derecho.
La decisión del jurado profesional, presidido por Javier San Martín, doctor en Derecho, se inclinó a favor de los grupos que demostraron una mayor capacidad de improvisación y el uso de recursos lingüísticos más allá de la simple lectura de sus ponencias. San Martín felicitó a todos los equipos por su esfuerzo.
En la sesión de la mañana, el grupo liderado por Rafael Catalá fue el ganador gracias a su capacidad para improvisar y presentar sus argumentos de manera dinámica. En la tarde, el grupo de Enrique Arnaldo fue el elegido, valorándose especialmente el bagaje que reflejaron en sus intervenciones.
“Quien realmente hemos ganado somos los que hemos tenido la fortuna de escuchar a los jóvenes, con su talento y con su frescura, defender temas de gran calado para nuestra sociedad. Y siempre es un lujo contar con tan prestigiosos juristas para desgranar asuntos que afectan de manera importante a los ciudadanos”, afirmó Fernando Santiago.
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