BARCELONA, 13 (SERVIMEDIA)
Abogados y procuradores catalanes se concentraron este lunes en Barcelona para rechazar la amnistía promovida por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que acusaron de asumir las tesis independentistas contra los jueces, como que les persiguen o que hay una “guerra jurídica” contra ellos.
La concentración tuvo lugar a la entrada de la Ciudad de la Justicia de la capital catalana, donde abogados y procuradores expresaron su preocupación por la amnistía que Junts y ERC exigen para apoyar la investidura de Sánchez.
Estos profesionales se mostraron especialmente preocupados por el concepto de ‘lawfare’ o judicialización de la política que incluye el pacto entre PSOE y Junts. Para los concentrados esto significa asumir que en España existe una “guerra jurídica” o “persecución de los jueces” a ciudadanos por razón de su ideología, según el manifiesto leído.
Los manifestantes leyeron el manifiesto difundido el pasado viernes, que ha recibido el apoyo de más de 2.000 abogados, procuradores y operadores jurídicos de toda Cataluña.
Este documento advierte del grave deterioro institucional que puede suponer la aprobación de una ley de amnistía para los implicados en procedimientos judiciales por los hechos relacionados con el “procés”.
NIEGAN “PERSECUCIÓN POLÍTICA”
Además, rechazan conceptualmente la concesión de amnistía a los implicados en hechos delictivos que pusieron en grave peligro la convivencia entre los españoles y, especialmente, entre los catalanes, según el texto.
Los firmantes del manifiesto niegan la existencia de una “persecución política” desde el Poder Judicial contra el separatismo y rechazan las descalificaciones que se contienen en los acuerdos de investidura hacia el poder judicial.
También les parece especialmente grave que en los acuerdos de investidura se siembre la “sospecha generalizada” de una actuación judicial prevaricadora mediante la apelación al llamado ‘lawfare’.
Además, estos profesionales expresan su confianza en el sistema judicial español y manifiestan que las discrepancias con las resoluciones judiciales se deben articular por los operadores jurídicos a través de los pertinentes recursos judiciales.
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