MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La magistrada que investiga por presunto fraude fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tomó este viernes declaración a dos inspectoras de Hacienda que realizaron el informe sobre la posible comisión de dos delitos fiscales a través de su empresa Maxwell Cremona. En sede judicial se ratificaron en su contenido y, por tanto, reiteraron que existen indicios de delito.
Fuentes jurídicas aseguraron que dieron explicaciones detalladas sobre ese informe a la titular de Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y respondieron las preguntas formuladas por todas las partes.
Según ese informe, la pareja de Ayuso habría incurrido en sendos delitos fiscales en los ejercicios 2020 y 2021 sirviéndose de facturas falsas libradas por la empresa de la que es administrador único. Este informe se puso en conocimiento de la Fiscalía que interpuso la correspondiente querella.
Durante la declaración, el abogado de González Amador preguntó a la inspectora que dirigió el expediente si ella o su compañera sabían que el empresario era pareja de Ia presidenta madrileña mientras realizaron la inspección. Ellas negaron este extremo y puntualizaron que esa circunstancia es “irrelevante” a efecto de las inspecciones de Hacienda, salvo que los protagonistas sean matrimonio o pareja de hecho.
La comparecencia se prolongó a lo largo de tres horas y una vez concluida, la defensa de González Amador reveló que estudia presentar un informe pericial propio sobre la actividad empresarial de su representado. A lo largo de la declaración, el abogado del empresario mostró sus discrepancias “técnicas” y “fácticas” con el contenido del informe.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid citó a estas dos testigos el pasado 24 de febrero, después de que González Amador compareciera en el juzgado y se acogiera a su derecho a no declarar.
Alberto González Amador está investigado por un presunto fraude fiscal de 351.000 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en la que habrían intervenido presuntamente los otros cuatro investigados en la causa. De hecho, el informe de la Agencia Tributaria indicaba que el novio de Díaz Ayuso habría incurrido en “unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades”.
Al poco de iniciarse la investigación, la defensa del empresario propuso por correo un acuerdo al fiscal, en virtud del cual reconocía la comisión de dos delitos fiscales a cambio de una rebaja en la petición de pena, que evitara su entrada en prisión.
La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
Pero, además, la instructora abrió el pasado mes de octubre una pieza separada para averiguar si González Amador pudo haber incurrido en los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal al comprar por medio millón de euros una empresa sin actividad propiedad de la esposa del dueño de Quirón Prevención.
Por esta pieza separada, el novio de la presidenta madrileña tendrá que volver a declarar ante la jueza el próximo 10 de abril. Esta investigación fue avalada por Audiencia de Madrid, que considera apropiado esclarecer unos hechos que podrían ocultar el pago de presuntas comisiones ilegales.
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