MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Las comunidades autónomas del PP han anunciado en masa que prorrogarán sus bonificaciones al transporte público después de que las ayudas estatales decayeran con el ‘decreto ómnibus’. El principal partido de la oposición votó en contra del texto por contener medidas inconexas con estas ayudas o con la revalorización de las pensiones, pero ha lanzado una ofensiva parlamentaria y autonómica para intentar evaporar los efectos negativos.
El PP ha emplazado al Gobierno a aprobar un real decreto-ley hoy mismo para que los pensionistas y los usuarios del transporte público no sufran ninguna consecuencia. Y, ante la previsión de que el Ejecutivo utilice el voto en contra del PP para desgastar a Alberto Núñez Feijóo, ha presentado varias leyes en el Congreso para “salvar” estas medidas, al tiempo que ha “coordinado” a sus comunidades autónomas para mantener, por lo menos, el tramo autonómico de la bonificación al transporte público, según confirmaron fuentes del PP a Servimedia.
Buena parte de sus gobiernos autonómicos han apostado por asumir también la parte estatal, aunque solo hasta el 31 de diciembre. Para entonces, esperan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe un nuevo decreto sin “trampas”, que sería refrendado en el Congreso con el apoyo de PP y Junts.
La primera en anunciarlo fue la Comunidad de Madrid, que, según las fuentes consultadas, se “adelantó” a la coordinación de la dirección nacional. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso confirmó que mantendrá la bonificación del 60% durante los próximos días, financiando así la parte que le corresponde al Gobierno central, al que reclamó que cumpla con su “obligación” y apruebe un nuevo decreto. Baleares, por su parte, fue un paso más allá y garantizó la gratuidad del transporte público para todo el año.
En paralelo, Castilla y León, Murcia, Aragón y Galicia han anunciado que mantendrán su bonificación del 20% hasta verano, mientras que la Generalitat Valenciana avanzó que pagará las bonificaciones estatales al transporte público hasta el 31 de enero a la par que estudia medidas adicionales para febrero. “La próxima semana habrá novedades”, avanzaron fuentes del Ejecutivo de Carlos Mazón a Servimedia. También se han sumado a este contraataque ciudades como Zaragoza o Santander.
Génova comparte la necesidad tanto de abaratar el coste del transporte público como de revalorizar las pensiones. Pero su rechazo al decreto ‘ómnibus’ se explica en que contenía también medidas que, a su juicio, favorecen la ‘inquiokupación’ o el traspaso de un palacete en París valorado en 15 millones al PNV. “Utilizar a los pensionistas de rehenes es inadmisible y es mezquino”, afirmó este jueves Feijóo, quien responsabilizó al Gobierno del fin de la bonificación de los transportes o de la derogación de la subida de las pensiones.
El propio Feijóo fue el que tomó la decisión de votar en contra del decreto. Las mismas fuentes confirman que el líder de la oposición lo tuvo claro cuando tuvo conocimiento de las medidas que componían las 140 páginas del decreto y supo que su voto en contra no repercutiría a la pensión de enero. De hecho, no dejó a los cargos que se inclinaban por la abstención exponer siquiera sus argumentos. “Hemos hecho lo correcto”, valora uno de ellos 24 horas después.
Gobierno y oposición intentan ahora imponer su relato, aunque en Génova creen que La Moncloa se equivoca al no aprobar ya un nuevo decreto, que entraría en vigor al día siguiente de aprobarse en Consejo de Ministros. “Les va a estallar en la cara”, auguran las mismas fuentes, que están convencidos de que los pensionistas focalizarán su enfado en Sánchez si su prestación es más corta en febrero solo por su intento de desgastar a Feijóo. “La gente no es tonta”.
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