MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
Las asociaciones profesionales de Guardia Civil en Cataluña mostraron este viernes su “total y absoluta disconformidad” ante el posible traspaso de las competencias en los puertos y aeropuertos de la comunidad.
Estas asociaciones criticaron en un comunicado que la intención del Ejecutivo “no obedece a necesidad alguna ni a razones operativas, sino a un mero intercambio político” y, por ello, señalaron que se reservan el derecho al ejercicio de “las acciones legales pertinentes en todo aquello que conculque la legislación vigente y las condiciones de vida de los guardias civiles”.
Para esta asociaciones, se trata de una nueva cesión, anunciada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que “constituye una nueva afrenta para los guardias civiles y pone en peligro sus destinos”.
Asimismo, denunciaron la “falta de escrúpulos” a la hora de que echen a la Guardia Civil de esta comunidad y de que los agentes sean “moneda de cambio de nuestros dirigentes”.
Así, estas asociaciones sitúan el puerto y el aeropuerto de Barcelona como “objetivos estratégicos fundamentales” para el Estado y consideran que con este traspaso ambos espacios perderían efectivos “expertos” en la materia al mismo tiempo que forzaría a la policía catalana a formarse para realizar las funciones necesarias en ese tipo de trabajo, a pesar de que, según dicen, este cuerpo policial no cuenta con agentes suficientes.
Además, en el texto recordaron que ya a principios de diciembre se anunció el cese de las competencias del Seprona “relegando esa especialidad no solo a un segundo plano, sino a su extinción prácticamente total”. “En ningún momento parece que Salvador Illa haya reflexionado sobre el bienestar de los ciudadanos con este tipo de acuerdos, los cuales están a favor de unos pocos en perjuicio de muchos”, lamentaron.
Por último, advirtieron al dirigente socialista que si en la próxima Junta de Seguridad convocada para principios del próximo año pretenden llegar a más acuerdos “perjudiciales” para la Guardia Civil deberá ceñirse a la legislación vigente en cuanto a la distribución de competencias policiales porque, de lo contrario, “se considerará nula de pleno derecho”.
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