MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
Las asociaciones de jueces y fiscales han difundido un comunicado conjunto en el que piden respeto por la independencia judicial y responsabilidad institucional en sus declaraciones a los miembros del Gobierno, tras conocerse la absolución al futbolista Dani Alves de un delito de agresión sexual.
El escrito se refiere en concreto a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de “vergüenza” la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia prevalezca sobre el testimonio de mujeres jóvenes que denuncian a personas poderosas.
En ese sentido, las asociaciones piden respeto a la independencia judicial y recuerda que es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan “tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente”.
Por eso, consideran “esencial” que las instituciones y representantes públicos “respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados”, evitando comentarios que puedan “socavar la confianza en nuestro sistema judicial”.
Añaden que la presunción de inocencia es “un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución” y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante “pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho”. Cuestionar este principio básico puede “poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios”.
Igualmente, las asociaciones de jueces y fiscales reconocen la importancia de “proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales”. “Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto”.
Finalmente, hacen un llamamiento a todos los representantes públicos a ejercer “la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales”. Las críticas a resoluciones judiciales son “legítimas”, dicen, pero “han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el estado de derecho”.
Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteran así su “compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas”.
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