MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La toma en consideración de la modificación de Ley del Suelo presentada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) este martes en el Congreso de los Diputados y apoyada por el PSOE quedó pendiente de la posición que tome el Partido Popular, que durante el debate no dejó claro el sentido de su voto.
En su intervención, el diputado popular Miguel Ángel Sastre reconoció que esta ley promulga la seguridad jurídica, algo que, a su juicio, es “crucial” para paliar el problema de la vivienda, pero aseguró que “se queda corta”. Según explicó, la propuesta del Ley del Suelo que promueve el PP en el Senado reforma seis leyes mientras que esta solo reforma una, y recordó que el PP aprobó en 2018 un anteproyecto de Ley del Suelo similar a este.
“El PP les ha tomado la delantera en la defensa de la seguridad jurídica”, afirmó Sastre, quien dijo que, si el PNV no hubiese apoyado la moción de censura contra Mariano Rajoy, España se hubiese ahorrado ocho años de inseguridad jurídica.
Asimismo, indicó que “no vale cualquier reforma” y destacó que la propuesta “no está a la altura”. “Solo afectaría al 10% de los proyectos de vivienda en España, dejando al 90% restante en el estado de ruina actual. Nuestra propuesta de ley y la suya poco tiene que ver”, aseveró Sastre quien tildó de “parche” esta iniciativa.
PSOE, PNV Y CC, A FAVOR
Pese a ser el grupo proponente, la diputada de del PNV Maribel Vaquero destacó que esta ley no es la suya y anticipó que su intención de enmendar el texto. “Es necesaria esta ley, cualquiera que haya sido concejal lo sabe”, aseguró la diputada de formación nacionalista, quien recordó al PP que “en lo sustancial” el planteamiento presentado en el Senado es “muy similar”.
“Un voto no favorable por parte de su grupo sería muy difícil de explicar y solo se entendería desde el oportunismo político”, advirtió Vaquero, quien también afeó a los grupos de izquierdas la “presunción de culpabilidad” y que no se den cuenta de que muchos proyectos urbanísticos se ven trastocados por un defecto de forma, frenando el desarrollo de los municipios.
Para la diputada del PSOE Rafaela Romero es importante dejar de ser “parte del problema” para ser “parte de la solución”. “La vivienda no debe ser un lujo sino un bien accesible para todas las personas”, afirmó, citando al excalde de Madrid Enrique Tierno Galván.
Asimismo, indicó que a la hora de fijar un acuerdo de país “no sobra nadie” y que es necesario responder a una necesidad “largamente demandada” por entidades de todo color político. “Nos lo demandan las administraciones de todos los colores”, aseguró Romero, quien dijo que esta ley es fundamental para dotar de seguridad jurídica y estabilidad al sector.
Por su parte, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, pidió un voto de confianza a la ley. “Buscando evitar que algunos especulen hemos perjudicado a la ciudadanía, mientras no revisemos las lagunas tendremos parálisis e inseguridad jurídica”, aseguró, y se pregunto por qué no va ser compatible perseguir la cultura del pelotazo con la prosperidad.
El diputado de Vox Carlos Hernández Quero aseguró que el debate “llega tardísimo” y lamentó que los políticos han creado una “escasez artificial” de vivienda. “Tenemos el mismo parque de vivienda que en 2009”, denunció, reprochó que las “ansias multiculturales” de algunos han creado un grave problema habitacional, y lamentó el éxodo rural creado a través de la desindustrialización y la falta de oportunidades. Además, alertó de que la reforma será “inane” si no se analiza el proceso de transformación del suelo, la densidad poblacional y las trabas burocráticas.
CRITICA EN LA IZQUIERDA
Por parte de los grupos de izquierdas, la diputada de Podemos Noemí Santana especifico que esta propuesta de Ley del Suelo promueve el “urbanismo sin control”, la “barra libre” para los especuladores y la “ley del lejano oeste”. “Esto va a suponer que si un ayuntamiento aprueba un plan de vivienda sin haber hecho una consulta ciudadana antes significa que le van a poner una multita y pa’lante”, lamentó, y advirtió que esta ley va a permitir los desmanes urbanísticos de la burbuja.
También anunció su voto en contra Sumar. Su diputado Alberto Ibañez indicó que se trata de una ley “ideológica” que genera “riqueza y desigualdad”. “Esta propuesta, que es un copia y pega de la Ley de Rajoy de 2018, no aborda la mayor inseguridad jurídica, que es la distorsión entre la ley del suelo y su expectativa urbanística”, aseguró, y denunció las recalificaciones “a la carta”.
Asimismo, afirmó que es “radicalmente falso” que falte vivienda en España. “En España hay 4 millones de viviendas vacías y medio millón de apartamentos turísticos que expulsan a la gente de sus casas”, destacó el diputado de Sumar, quien también negó que construir más vivienda vaya a bajar precios.
El diputado de Bildu Oskar Matute, por su parte, indicó que para que se resuelva el problema de la vivienda hay que modificar el artículo 18 de la Ley del Suelo. “El artículo 18 habla de las plusvalías en el cambio de uso del suelo y dice que el poder público solo se puede quedar entre el 10% y el 15%. Si de verdad queremos alterar tendríamos que aumentar estos porcentajes”, aseguró Matute, y pidió que la comunidades autónomas tengan la prerrogativa de elevar el tramo de suelo protegido.
LOS PARTIDOS CATALANES, EN CONTRA
La diputada de Junts Marta Madrenas recordó que en la anterior propuesta de Ley del Suelo llevada al Parlamento (y que el Gobierno retiró ante la falta de apoyos) su grupo presentó una enmienda a la totalidad. En su opinión, esta propuesta invade competencias de la Generalitat en materia de Vivienda y Territorio, por lo que lamentó la extralimitación que supone esta ley y aseguró que estará siempre vigilante contra aquellos que traten de imponer un modelo homogeneizador.
Para la diputada de ERC Etna Estems, es “muy grave” que se limite el derecho de la gente a impugnar proyectos urbanísticos y aseguró que los ciudadanos afectados pueden quedar “indefensos”. “El urbanismo ordena y condiciona los espacios de todos y tenemos que tener derecho a protestar”, aseguró, y denunció que esta ley quita potestad a los ayuntamientos. Además, pese a reconocer la necesaria simplificación administrativa, pidió hacerlo “de forma seria” y no volver a las épocas en las que la administración se puso “al servicio de la especulación”.
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