MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Barça no podrá ejercer como acusación en el ‘caso Negreira’ ya que la jueza ha rechazado la petición del club en la que pedía ejercer como acusación al considerarse “el único perjudicado” en el caso de los pagos realizados por el equipo blaugrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2001 y 2018.
La magistrada Silvia López Mejía entiende que la petición del Barça es “contradictoria” teniendo en cuenta que el presidente del equipo, Joan Laporta, afirmó en una comparecencia del pasado 17 de abril que “los servicios de asesoramiento fueron efectivamente prestados, que se documentaron en facturas detalladas con los correspondientes conceptos y fueron pagados mediante transferencias bancarias, constando los pagos en la contabilidad del club, explicando las conclusiones preliminares del Informe de Compliance del que no se deprende la existencia de daño patrimonial alguno” para el club.
La Fiscalía sostiene que los pagos realizados menoscabaron el patrimonio del Barça con independencia de que los servicios contratados se prestaran o no y considera que se pagaron doblemente porque se hicieron a través de dos mercantiles (Dasnil SL y Nisdal SCP) que habrían cobrado una comisión por su intervención.
El Barça está siendo investigado por administración desleal ya que el Ministerio Público entiende que no se administró el patrimonio del club de acuerdo con sus intereses. Los imputados serán, por tanto, los representantes legales del Barça.
Además, la magistrada acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones durante un mes más y admite a un particular como acusación popular. Igualmente, ordena nuevas pesquisas y solicita al club los informes a los que Laporta hizo referencia en su comparecencia y que se identifique a las personas responsables del área económica del Barça que tuvieran “capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas adoptadas por los órganos colegiados”.
Finalmente, pide a la Federación Española de Fútbol la relación de árbitros de Primera y Segunda División entre el 2010 y la actualidad, y a Hacienda y a la Seguridad Social les solicita datos sobre las finanzas de Negreira, de su hijo, de sus empresas y de sus empleados.
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