MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El anteproyecto de Ley de Trata aprobado este martes por el Consejo de Ministros contempla penas de hasta ocho años de prisión a quien promueva “matrimonios o uniones de hecho forzadas” por “cualquier rito”.
Así se incluye en este texto legal, al que ha tenido acceso Servimedia, cuyo contenido fue explicado por la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno.
La norma, que ahora será enviada a los órganos consultivos, aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y de explotación que constituyen la finalidad de la trata. Esto incluye el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y diversas maneras de explotación.
A este respecto, en el artículo 177 bis del anteproyecto se explica quién puede ser acusado del delito de trata de seres humanos. Se contempla así una pena de cinco a ocho años de prisión a quien “empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad” capte o entregue a una persona para que sea explotada.
ROBO DE ÓRGANOS
Entre las conductas castigadas, el anteproyecto incluye “la imposición de esclavitud, de servidumbre o de trabajos o servicios forzados, incluyendo la mendicidad y la realización de actividades delictivas”.
También se perseguirá la “explotación sexual”, la “extracción” de órganos de personas, y la “celebración de matrimonios o uniones de hecho forzadas” por “cualquier rito”.
Además, se sancionará de forma especial cuando se ponga en peligro “la vida o la integridad física o psíquica de la víctima”; cuando “la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o situación personal, o sea menor de edad”; o cuando el afectado provenga de una guerra o una catástrofe humanitaria.
Un aspecto destacado de la ley, según incidió la propia Llop, es que la protección de las víctimas se llevará a cabo sin necesidad de que interpongan denuncia contra sus explotadores. No obstante, también se contempla que los poderes públicos incentiven que la víctima colabore para una persecución eficaz del delito a través de los mecanismos necesarios.
Además, el anteproyecto crea una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, con rango de Dirección General, que supervisará todas las políticas públicas en materia de trata y explotación.
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