MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
El nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, materializaron este miércoles un acuerdo con el Gobierno por el que la Iglesia española renuncia a la exención del Icio (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) y a las contribuciones especiales. En conjunto, podría suponer entre 12 y 14 millones de euros anuales.
El acuerdo, según trasladan a Servimedia fuentes el Ejecutivo, supone “el fin de los privilegios de la Iglesia en materia fiscal”. Esta decisión, según un comunicado conjunto del Ministerio de la Presidencia y la Conferencia Episcopal Española, es “fruto del trabajo conjunto” en materia de fiscalidad entre estas instituciones con el asenso de la Santa Sede. Como consecuencia de dicho acuerdo se tramita ante la Santa Sede la renuncia a las exenciones, derivadas de los Acuerdos, que afectan a las Contribuciones Especiales y al Icio.
Con este fin, el Gobierno procederá a la derogación de la orden ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
El acuerdo se “desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación”, reza el comunicado conjunto.
Esta renuncia se ha culminado en la reunión en la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y que estaba prevista desde otoño, para el intercambio de notas diplomáticas en línea con los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, y que han de llevar la firma del subsecretario de Exteriores o del nuncio. Se hace en presencia de Omella y Bolaños como responsables de los equipos que lo han preparado.
ACUERDOS DEL 79
Dicha exención, regulada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la institución eclesial tiene en base a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado (de 1976 y 1979, posteriores a la muerte de Franco), y era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder, según indicaron a Servimedia fuentes que acuden a las habituales citas que mantienen el Episcopado y el Gobierno Español para abordar distintos temas.
El compromiso a pagar el Icio también responde a la premisa, repetida desde la CEE, de que la Iglesia quiere pagar los impuestos que le corresponden, sin privilegios, pero tampoco sin discriminación. En el origen de esta renuncia por parte de la CEE estaría una sentencia europea por las obras de un colegio en Getafe cuyos impuestos de reforma reclamó el consistorio del municipio madrileño.
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