MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ha informado al alto tribunal de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha incurrido en un delito de revelación de secretos por haber ordenado la difusión de un comunicado de prensa en la que se desmentía que el Ministerio Público hubiera intentado un acuerdo con la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la causa por la comisión de dos delitos fiscales que el empresario había reconocido.
En el Tribunal Supremo recaen, por tanto, las diligencias que había realizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante el que presentó querella la defensa de González Amador y el Colegio de Abogados de Madrid. La pareja de Ayuso está siendo investigado por fraude fiscal y falsedad documental.
Igualmente, el TS acumula las querellas que presentaron directamente ante el Supremo la fundación Foro Libertad Alternativa y Manos Limpias. El caso ha llegado al Tribunal Supremo dado que involucra al fiscal general del Estado, que es aforado.
La Fiscalía ya informó sobre la admisión de la exposición razonada del TSJM contra el fiscal general por revelación de secretos, al desmentir en una nota de prensa unos datos que fueron filtrados por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
La teniente fiscal del Supremo afirma que no existió revelación de secretos porque los datos recogidos en el comunicado ya habían sido publicados en la prensa previamente a la difusión de la nota de prensa por la Fiscalía. Y señala que “todos los datos obrantes en la nota de prensa ya habían sido publicados por multitud de medios de comunicación”.
De ese modo, el Ministerio Público da por sentado que no se divulgaron “datos e información” de carácter secreto, dado que los datos circulaban por los medios de comunicación, por lo que no se perjudicaron los intereses del empresario investigado y defraudador confeso.
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