MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado recurso de apelación contra la decisión del juez Manuel García-Castellón de prorrogar seis más la investigación sobre los homenajes a etarras, conocidos como ‘ongi etorri’, y los chats de Telegram en los que se habrían publicitado las convocatorias y que estarían relacionados con Sortu.
El Ministerio Público entiende que los 95 actos de homenaje celebrados entre 2016 y 2018 están suficientemente investigados y documentados y deben llevarse ya a juicio. El plazo de instrucción concluyó en octubre pasado, momento en que a Fiscalía pidió que se juzgara el asunto que considera un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo cometido por una organización criminal sin naturaleza terrorista.
La Fiscalía defiende que su único “interés” es “restaurar” la “dignidad” de las víctimas para lo que “es menester que se dé por concluida la instrucción y podamos avanzar en la tramitación de la causa hasta el acto del juicio oral y el dictado de una sentencia reparadora”.
La Asociación Dignidad y Justicia y el Partido Popular recurrieron y pidieron una ampliación del plazo para investigar más. García Castellón asumió la petición y ordeno nuevas diligencias, acordando pesquisas sobre los grupos de chats en los que se convocaban los homenajes con la participación de miembros de Sortu.
Sin embargo, el Ministerio público entiende que las diligencias son innecesarias y que ya hay indicios suficientes para juzgar a varias personas como el histórico dirigente de ETA como José Antonio López Ruiz, ‘Kubati, o los integrantes de de Sortu Haymar Altuna y Oinaha Garmendia.
La Fiscalía rechaza que se amplíe la instrucción para hacer una investigación “prospectiva” que suponga un “intento de inquisición general” que vaya más allá del estudio de los homenajes dispensado en el País Vaco y Navarra a etarras excarcelados, repatriados a España o fallecidos.
“No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito. Para ello basta un análisis de los mensajes que leyeron los investigados” asegura la Fiscalía que insiste en que “no se trata de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se aleguen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional”.
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