MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía de Madrid ha informado a favor de que se admita a trámite la querella presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por un delito de prevaricación. Además, considera pertinente que se admita la ampliación de la misma presentada por la Abogacía del Estado.
En la querella, la Abogacía General del Estado llevaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones. La primera de ellas es la providencia por la que Peinado citó a Sánchez como testigo, y la segunda es otra providencia en la que rechazó que declarase por escrito.
El Ministerio Público entiende que el juez citó a declarar como testigo al presidente del Gobierno sin motivar “jurídicamente” la necesidad de oírle y pide que el TSJM abra diligencias contra Peinado para saber si tomó decisiones con “una finalidad ajena al proceso”.
El escrito está firmado por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que exigió al fiscal general del Estad una orden por escrito para hacer pública la nota de prensa en la que se desmentía que la Fiscalía hubiera buscado un acuerdo con el Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, autor confeso de dos delitos fiscales.
Lastra dice que la resolución de Peinado para citar a Pedro Sánchez en calidad de esposo de Begoña Gómez puede ser “arbitraria e injusta”, por lo que sería procedente investigar si el magistrado pudo cometer un delito de prevaricación.
“Lo verdaderamente relevante es que no parece que estemos ante una simple discrepancia jurídica que pueda ser resuelta en el seno del procedimiento a través de los recursos interpuestos por el órgano superior”, ya que el juez podría haber tomado un decisión “deliberadamente injusta”.
La fiscal aprecia una contradicción en que el juez citara a Sánchez en calidad de marido y no como presidente del Gobierno cuando en la resolución en la que se le citaba el instructor apelaba a un posible tráfico de influencias que estaría relacionado con la condición de responsable político de Sánchez.
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