MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía ha presentado recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el próximo 16 de abril, dentro de la investigación de una pieza separada que abrió para investigar un presunto delito de malversación en la contratación de la asesora de Moncloa que colaboraba con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El instructor, que tomará declaración al ministro en su despacho del Ministerio de Justicia, pretende averiguar si hubo alguna irregularidad en la contratación de Cristina Álvarez, a propuesta de Moncloa, mientras Bolaños ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia.
Entiende el Ministerio Público que es necesario “conocer mínimamente los hechos que se va a investigar, a fin de por un lado, determinar el objeto de la instrucción y por otro advertir la utilidad pertinencia y necesidad de estas diligencias”.
En ese sentido, el recurso de la Fiscalía critica “la constante oscuridad impropia de un proceso penal” con la que el juez Peinado está llevando a cabo esta instrucción en la que acostumbra a acordar alguna diligencia “porque él, en su fuero interno, ya la ha valorado como útil”. Llega a preguntarse el MInisterio Público si “debemos suponer” en “un ejercicio de intuición” que su declaración tendrá que ver con la etapa en la fue secretario general de Presidencia.
La Fiscalía asegura que no va a “valorar” la “necesidad y pertinencia” de tomar declaración a Bolaños e insiste en que resulta “chocante” que se haya acordado la declaración de “un ministro del Reino de España” cuando en la resolución no hay “nada exteriorizado ni justificado, ni siquiera sea superficial o mínimamente y tampoco vislumbramos en contexto y el alcance en el que se puede desarrollar esta declaración en calidad de testigo”.
El recurso señala que la Fiscalía no sabe sobre qué hechos “presuntamente delictivos” se quiere interrogar a Bolaños ni en qué puede contribuir su testimonio a aclarar algo.
El escrito finalmente recuerda que en julio de 2024 el juez Peinado acordó tomar declaración al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, una diligencia que el Ministerio Público dice no compartir ni en sus “fines” ni en su “escenificación”.
“En esta ocasión”, añade, “se acuerda una diligencia de marcado carácter mediático y con clara repercusión extraprocesal, cuya eficacia, utilidad y pertinencia no estaría aún justificada”.
La Fiscalía concluye que el instructor puede tomar este tipo de decisiones, pero señala que “con el marco fáctico y con una total ausencia de argumentación, la diligencia en cuestión no resulta comprensible”.
También la propia asesora, Cristina Álvarez, ha recurrido la decisión del juez de abrir esta pieza separada y citar al ministro Bolaños, aunque ella ha acudido directamente a Audiencia de Madrid ante la que esgrime que no hay “indicios de irregularidad alguna” en su nombramiento, que se gestionó de manera “normal” en los cargos de “confianza” para realizar tareas de “de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno”.
Esa labor incluía la gestión de su agenda, el acompañamiento en desplazamientos y la coordinación con los equipos de protocolo y seguridad, entre otras funciones que no debían pasar por oposición o concurso alguno, al tratarse de un cargo de confianza.
Insiste la defensa de Álvarez en que esta “clase de cargo de confianza siempre ha existido para la asistencia a los cónyuges de los anteriores presidentes del Gobierno de la democracia”.
El recurso habla de “continuos y sorpresivos vaivenes” de una causa “caótica”, en la que el juez acuerda “extravagantes prácticas”, tales como citar “a los investigados primero como testigos”.
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