MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha instado a que el Banco de España entregue al Congreso de los Diputados información sobre lo que gana cada banco con la “facilidad de depósito”. Entiende el Ministerio Público que el regulador “ha vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos” al negarse a entregar esa información que fue solicitada por el tres parlamentarios de Sumar.
Esa vulneración de derechos se produciría al negar el derecho a los ciudadanos “a través de sus representantes parlamentarios, a acceder y participar en condiciones de igualdad a los asuntos, funciones y cargos públicos (artículo 23 de la Constitución), en su vertiente funcional de acceso a la información de los poderes públicos, por no entregar al Congreso de los Diputados la información bancaria solicitada conforme al Reglamento de la Cámara; y en consecuencia”, solicita “que se proceda a su entrega”.
El pasado mes de septiembre, Sumar presentó una demanda ante la Audiencia Nacional para exigir al Banco de España que facilite información, banco a banco, sobre cuánto dinero público se les ha transferido en 2022 y 2023 por depositar sus reservas en el Banco de España, lo que se conoce como sistema de “facilidad de depósito”.
Según los cálculos de Sumar, en 2023 los bancos ganaron por esta vía 8.000 millones de euros, lo que representó el 65% de sus beneficios en España. Sin embargo, el Banco de España registró pérdidas en su cuenta de resultados que fueron compensadas con provisiones. Por ello, el ingreso de 2.000 millones que el Banco de España suele hacer anualmente en el Tesoro procedente de sus beneficios se redujo a cero, con el consiguiente perjuicio para la financiación de políticas públicas.
Durante el último ejercicio, el banco central transfirió 7.805 millones de dinero público a las entidades españolas por su “exceso de efectivo”, pero se desconoce qué cantidad exacta correspondió a cada una de las entidades bancarias españolas, que es lo que Sumar quiere saber.
Sumar presentó su demanda el 10 de junio de 2024 tras haber denegado el Banco de España esta información referida a los años 2022 y 2023. Esa decisión se produjo cuando el gobernador del Banco de España era Pablo Hernández de Cos, recientemente sustituido por el que fuera ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luis Escrivá.
Los demandantes esgrimen que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) especifica en una sentencia de 19 de junio de 2018 que la información reclamada no tiene calificación de información confidencial, por lo que su divulgación no puede dañar los intereses privados de la empresa o el correcto funcionamiento del sistema de control de las actividades bancarias. De hecho, algunas entidades han hecho público el dato de manera voluntaria. Es el caso de Bankinter (97,6 millones en 2022 y 375,3 millones en 2023) o Caixabank (358 millones en 2022 y 1.410 millones en 2023).
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