MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no pudo acudir este miércoles al solemne acto de apertura del Año Judicial por haber dado positivo en covid. En su nombre, la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Maria Ángeles Sánchez Conde, dio lectura a su discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía y señaló que los delitos de odio aumentaron en un 27% durante 2021 por la “polarización y radicalización del debate político” del que ya alertó la Fiscalía en años anteriores.
García Ortiz juró su cargo el pasado mes de julio ante el rey Felipe VI en el palacio de la Almudaina de Palma de Mallorca y tomó posesión el pasado lunes en el Tribunal Supremo amadrinado por su predecesora, Dolores Delgado.
Al no poder acudir, Sánchez Conde intervino en su lugar durante el solemne acto de apertura del Año Judicial bajo presidencia del rey Felipe VI. En su discurso recordó que la Memoria de 2021 se corresponde con el mandato de Dolores Delgado, cuya labor reconoció y agradeció, destacando sus iniciativas para modernizar la institución y dotarla de mayor transparencia y mejores medios. Así, extendió su agradecimiento a los 2.613 fiscales que hay en España.
La teniente fiscal admitió que le preocupa la “proliferación” de los delitos de odio y discriminación que no sólo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también “ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica”.
La experiencia acumulada en esta especialidad, dijo, permite comprobar que “la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas”. Para afrontar esta nueva realidad se creará, anunció, una Unidad Especializada de la Fiscalía General contra los delitos de odio y discriminación que será una de las unidades “más vanguardistas de la Fiscalía española”. En 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,19%. Se observa un importante aumento del 44,44% en los escritos de acusación presentados.
RACISMO Y XENOFOBIA
En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%, la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%, y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%, “como consecuencia de la polarización y radicalización del debate político de la que ya se alertaba en Memorias anteriores”.
Este tipo de delitos aumentó un 20% en su versión en redes sociales, que son difíciles de combatir por su facilidad de difusión, perdurabilidad y aumento del daño a las víctimas. La Fiscalía se compromete a evitar la permanencia de los discursos de odio en la red a través la Unidad Especializada de Criminalidad Informática.
La ciberdelincuencia es un fenómeno criminal en progresivo incremento. De ello dan buena cuenta las estadísticas recogidas en la Memoria que reflejan un aumento del 257% desde 2017, un 40,47% en el último año. Este tipo de delitos son especialmente preocupantes en los casos que atentan contra la libertad sexual de los menores de edad, que aumentaron un 10% respecto al año anterior.
En referencia a la actualidad, el discurso recordó que tras el año de la pandemia “hoy tenemos que lamentar una guerra en Europa, la desatada por la invasión rusa sobre Ucrania, que de nuevo revela la necesidad de mantenernos firmes en el compromiso de defender los derechos humanos y de promover -desde la ciudadanía y, sobre todo, desde las instituciones- los valores de la responsabilidad y de la solidaridad frente a los efectos de una crisis humanitaria, económica y energética, protegiendo los derechos de la ciudadanía y de los sectores más frágiles de nuestra sociedad”.
Especial importancia tuvo en la intervención la protección a las víctimas, que se viene tratando de mejorar. “Las víctimas tienen que ser nuestra prioridad: han de ser amparadas y defendidas”, puesto que “su testimonio -en muchas ocasiones imprescindible para la persecución del delito- no debe significar una carga, un elemento violento o desgarrador”. No son las víctimas las que se tienen que adaptar al proceso o a la justicia, dijo, “somos nosotros quienes debemos adaptarnos a ellas y a sus necesidades”.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Un apartado destacado en la Memoria de la Fiscalía es el correspondiente a la violencia de género, “una gravísima violación de los derechos humanos de las mujeres y que es la máxima expresión de la desigualdad que, aun hoy, golpea con extraordinaria crudeza nuestra convivencia diaria”. “Ninguna sociedad democrática puede ni debe tolerarla. Debemos combatirla con firmeza y sin consentir ni un solo paso atrás”, defendió.
Este año la Memoria diferencia, por primera vez, el feminicidio familiar o íntimo, el no íntimo y el feminicidio por conexión. Así, relató, durante el año 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres más que el año anterior, de las que tan solo 11 habían presentado previamente denuncia. La violencia de género dejó 31 niñas y niños huérfanos. Cuatro menores fueron asesinados por sus padres. “No son cifras”, apuntó, “no son estadísticas, son vidas humanas truncadas por esta violencia cruel y atroz”.
La Fiscalía cree que hay que aún queda por aflorar las cifras ocultas de violencia de género, que tras el descenso de las denuncias durante el 2020 por la pandemia, subió un 8% en 2021, aunque sin llegar a los niveles de 2019. La Memoria valora positivamente el impacto de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, haciéndose eco del notable incremento de las resoluciones en que se acuerda la suspensión del régimen de visitas, que se cifran en 1.895 frente a las 847 del año anterior. Durante este ejercicio fueron concedidas el 71,36% de las órdenes de protección solicitadas y el 76,16% de las sentencias dictadas fueron condenatorias.
Desde la Fiscalía General del Estado, Álvarez se propone “fomentar el enfoque de género, impulsar las relaciones institucionales y escuchar siempre a la sociedad civil organizada, a las asociaciones de mujeres y de víctimas, al tiempo que colaborar en la prevención, formación y concienciación social. Resulta absolutamente imprescindible abundar en la formación en perspectiva de género y llevar esta, de manera transversal, a todos los ámbitos y jurisdicciones”.
Destaca también el empeño en impulsar el amparo a los derechos de los sectores más vulnerables, en especial a las víctimas de trata de seres humanos en todas sus modalidades. Durante el año 2021, los procedimientos por estos delitos aumentaron en un 37,5%. El 67,27% se refirieron a trata con fines de explotación sexual, detectándose 277 víctimas de las que el 98,55% eran mujeres o niñas. La trata laboral le sigue en importancia estadística con un 16,36% de los procedimientos.
En este terreno, la Fiscalía pretende profundizar en la protección de los derechos de los migrantes y en la persecución penal de las redes criminales, poniendo la mirada en la crisis migratoria derivada de los conflictos bélicos, las catástrofes naturales y la crisis climática. Los extranjeros en situación irregular son “el caldo de cultivo propio para la explotación y el abuso”, razón por la que el fiscal general trabajará para conseguir una ley integral contra la trata de seres humanos.
MENORES
En el ámbito de la protección de menores la Memoria da cuenta de un incremento del 23,50% de menores en situación de riesgo y del 23,40% en las declaraciones de desamparo. La actuación en defensa de los derechos fundamentales y la adopción de medidas urgentes aumentó en un 63,10%.
En materia de reforma, los expedientes se incrementaron en un 14,94% tras la disminución generalizada motivada por la pandemia. La Unidad Especializada alerta sobre el alza de los delitos de violencia de género y contra la libertad sexual protagonizados por menores de edad, que requieren “una reflexión como sociedad”.
DISCAPACIDAD Y MAYORES
En cuanto a la función tuitiva del Ministerio Fiscal en relación con las personas con discapacidad y mayores, la voluntad es “avanzar hacia una sociedad cada vez más inclusiva, en remover todos aquellos obstáculos que impidan la plena integración y el disfrute en igualdad de los derechos que todas y todos tenemos reconocidos”.
De hecho, la Memoria alerta de que “la presencia de barreras físicas, comunicacionales, cognitivas, actitudinales o jurídicas constituyen obstáculos para un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, detectándose importantes espacios de infradenuncia cuando los delitos tienen por víctimas a personas mayores o con discapacidad”.
El informe también habla de la necesidad de dar voz a las víctimas de accidentes laborales y viales, muchas veces silenciosas y denuncia el largo tiempo de resolución de estos asuntos, por lo que exige mayor “compromiso institucional y a la concienciación social”.
La realidad del cambio climático y la emergencia ambiental, añadió el fiscal general, “nos ha de llevar como sociedad a una profunda reflexión sobre el cuidado y la protección de nuestro entorno. Para mí se trata de un compromiso vital que también pretendo trasladar a la Fiscalía General del Estado, reforzando la protección del Medio Ambiente, desde la prevención y la represión penal de las conductas delictivas que atenten contra él”.
En el año 2021 el número de fiscales especialistas en medio ambiente aumentó de los 182 a los 197. La Fiscalía tramitó 3.324 diligencias de investigación y presentó 1.283 denuncias o querellas y 1.469 escritos de acusación, logrando 1.143 sentencias condenatorias.
TERRORISMO
En materia de lucha contra el terrorismo, la Fiscalía “continúa en su esfuerzo por combatir esta grave amenaza contra la convivencia democrática y por construir una sociedad libre de toda violencia”. En 2021, las diligencias previas incoadas por estos delitos supusieron en 31,86% de las tramitadas en la Audiencia Nacional, continuando la tendencia decreciente de ejercicios anteriores. El 66,08% de estas diligencias se refieren al terrorismo yihadista, el 25,73% al terrorismo de ETA y el 8,19% a otros grupos terroristas.
En materia de lucha contra el narcotráfico, Álvarez Ortiz dijo que se debe “reforzar la persecución del blanqueo de capitales y, sobre todo, priorizar una investigación dirigida desde el inicio a la recuperación de activos”. La Memoria recoge un aumento de más del 50% en las investigaciones incoadas durante 2021.
COVID-19
Por lo que respecta a la evolución de la criminalidad globalmente considerada, la Memoria recuerda que, pese al esfuerzo y voluntad de recuperar la normalidad, en la actividad judicial, en 2021, se ha seguido conviviendo con las consecuencias de la covid-19. Así, en 2021 se incoaron un total de 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76% respecto del año anterior.
Los juicios rápidos crecieron en 2021 un 19% alcanzándose sentencias por conformidad en el 81% de los casos. Los delitos leves continúan en una tendencia a la baja. El número de sumarios se eleva a los 2.443, lo que supone un del 16%. El 55% de las acusaciones formuladas en sumario se referían a delitos contra la libertad sexual. Mientras tanto, se estanca el ascenso de los procedimientos ante el Tribunal del Jurado que en 2021 presentó un número casi idéntico al de la anualidad anterior.
Por lo que se refiere a la más genuina actividad del Ministerio Fiscal, en 2021 se incoaron 13.869 diligencias de investigación, lo que constituye un notable ascenso respecto de 2020, sin que se hayan restaurados las cifras de anualidades anteriores. Respecto a los escritos de acusación, se formularon un 15% más que en el ejercicio previo.
El mismo fenómeno estadístico se produce respecto de las sentencias dictadas, que aumentan ostensiblemente, aunque sin alcanzar los niveles de 2019. La conformidad de sus pronunciamientos con la posición del Ministerio Fiscal alcanza el 73% en los juzgados de lo penal y del 78% en las audiencias provinciales, consolidándose así la tendencia alcista que se ha ido observando en los últimos años.
La Memoria hace también referencia a los efectos de la modificación introducida en el sistema de plazos del art. 324 LECrim por la Ley 20/2020, de 27 de julio, y que fue objeto de la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2021. Como consecuencia de ello, las y los fiscales tuvieron que solicitar un 78% menos de prórrogas que en 2020, año en que ya se había observado un descenso del 44% respecto del ejercicio anterior.
40 ANIVERSARIO
En 2021, la Fiscalía celebró el 40 aniversario de su Estatuto Orgánico, la norma que rige la institución. En este tiempo la concepción ha ido evolucionando. Sin embargo, no se renuncia “a proponer una reforma estatutaria que confiera al Ministerio Fiscal un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo. Este es el camino por el que tanto el GRECO como el recientemente publicado informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Europa nos recomienda seguir avanzando”.
Mientras esa reforma integral no sea una realidad, dijo, “me comprometo públicamente a proponer e impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia, así como a adoptar las decisiones y las iniciativas correspondientes para, dentro del marco legal actual, potenciar nuestras capacidades de autogestión”.
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