MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, negó este jueves ante el juez del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado haber filtrado el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía dos delitos fiscales y proponía un pacto para eludir la prisión.
Rodríguez estaba citada hoy como imputada. En su comparecencia ha respondido a las preguntas de su defensa y del juez, algo que rehusó hacer su jefe, el fiscal general del Estado, en su declaración de ayer. No respondió, sin embargo, a las preguntas de las acusaciones. La Fiscalía no formuló preguntas porque no se ha resuelto la nulidad del registro de su despacho.
Tras negar haber realizado filtración alguna, la fiscal recordó que el correo del abogado del empresario llegó a un buzón genérico del Ministerio Público y calculó que alrededor de 500 personas pudieron tener acceso al documento.
El juez ha mencionado de viva voz durante esta comparecencia que ve indicios de delito en la publicación de la nota de prensa en la que el Ministerio Público desmentía el bulo de que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, cuando fue exactamente al revés.
Se da la circunstancia de que en el momento de la apertura de esta causa en contra del fiscal general la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo delimitó que el delito de revelación de secretos se circunscribía a la supuesta filtración del correo del abogado, dejando fuera explícitamente la citada nota de prensa.
Ahora, el juez Hurtado considera que esa nota reviste indicios delictivos. García Ortiz asumió en su momento la responsabilidad de la redacción de esa nota y su publicación en primera persona, por lo que de extenderse la investigación a esa publicación, se vería afectado de lleno.
El fiscal general hizo ayer un duro alegado en contra de la instrucción del juez Hurtado, al que acusó de tener una idea prefijada del resultado de la investigación y de atropellar su derechos, alegando que el registro de su despacho fue ilegal, lo que debería suponer la nulidad de la causa. Previsiblemente, García Ortiz acabará recurriendo al Tribunal Constitucional en defensa de sus derechos.
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