MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) pidió este miércoles la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya decidido abrir una investigación en su contra por el presunto delito de revelación de secretos en la causa sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
Esta asociación ha emitido un comunicado en el que asegura que García Ortiz no puede seguir “ni un minuto más” en el cargo al haber perdido la consideración de jurista de reconocido prestigio que exige el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ya que esa condición es incompatible con la condición de imputado.
La APIF entiende que García Ortiz ha perdido completamente la autoridad que debe tener el máximo responsable del Ministerio Público y estima que “no es posible que pueda continuar ni un minuto más en este puesto, dirigiendo la institución en toda España, pudiendo dar órdenes de forma expresa a cualquier fiscal y en cualquier asunto”.
El artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal establece que “la persona titular de la FGE podrá acordar motivadamente, con arreglo a los principios de presunción de inocencia y proporcionalidad, previa audiencia del interesado y de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal contra el que se siga un procedimiento penal”.
Acogiéndose a esta norma, APIF entiende que cualquier fiscal en España podría ser suspendido en el ejercicio de su función si se sigue un procedimiento penal contra él y concluye que “esta situación no tiene ningún sentido”.
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