MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Confederación Española de Policía (CEP) criticó este lunes la “lentitud” y los “reflejos” del Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, quienes “han vuelto a provocar la saturación de las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas”.
Así lo anunció la confederación en un comunicado “por la negativa a imponer un visado de tránsito aeroportuario a los ciudadanos mauritanos, que utilizan la figura del asilo para quedarse en nuestro país, como ya ocurriera en el otoño e invierno del año pasado con los nacionales de Kenia y Senegal”.
Desde CEP exigieron que se desbloquee esta situación con urgencia con la activación del visado de tránsito aeroportuario -que permite hacer escala en España pero no acceder al país, además de imponer una serie de requisitos antes de realizar el viaje, “para evitar fraudes o el tráfico de seres humanos para viajeros que vuelen desde Mauritania”, señalan.
“La medida, que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha reclamado sin éxito desde hace meses, no ha salido adelante por la pasividad de ambos Ministerios, pese a que las cifras de peticionarios de asilo procedentes de ese país africano no hacen más que aumentar”, destacaron.
De hecho, sostienen que estas peticiones constituyen ya casi el 15% del total de las registradas este año en el aeropuerto madrileño, siendo el segundo país, tras Senegal, con mayor número de solicitudes de protección internacional.
“El anómalo incremento de las peticiones de asilo de jóvenes mauritanos -la mayoría no supera los 30 años, habiendo entre ellos menores de edad- comenzó a tener una entidad preocupante en junio, con un repunte de más del 350% respecto al mes anterior”, explican.
La confederación señala que, desde entonces, se ha ido produciendo un aumento de la saturación de las salas de asilo del aeropuerto, teniendo que abrirse una tercera para acoger ese incremento de llegadas procedentes de Mauritania.
“Las actuales cifras de ocupación, con una media diaria de entre 140 y 170 personas, esperando en esas estancias a que se tramite su solicitud de protección internacional, no llegan a ser tan preocupantes como las registradas en la anterior crisis de finales de 2023, en la que el número de peticionarios llegó a superar los 400, pero han llegado a estar cerca de los 200 a finales de julio”, según reza el comunicado.
“La tendencia experimentada desde hace ya unos días acredita que nos estamos acercando a un escenario que se debe evitar a toda costa, con una ocupación actual de las tres salas del aeropuerto que supera las 120 personas”, informan.
“La llegada de cientos de ciudadanos mauritanos a España no constituye un fenómeno con una justificación objetiva -como sí ocurre con los nacionales de Venezuela, que por motivos evidentes están pidiendo asilo en estas fechas- sino que se trata de un flujo migratorio inducido o buscado por intereses económicos”, consideran.
“Los jóvenes que llegan desde ese país lo hacen en un supuesto viaje que tiene en el aeropuerto marroquí de Casablanca una estación previa al de Barajas y que, en teoría, les llevaría hasta un país de Sudamérica, como Nicaragua o El Salvador. Sin embargo, cuando hacen escala en Madrid rompen su pasaporte -sobre todo, si intentan alegar falsamente que son menores de edad- y piden asilo”, explican.
La imposición de un visado de tránsito aeroportuario es una medida plenamente legal, que ya contempla el Código de Visados de la Unión Europea (Reglamento CE 810/2009) cuando, en su artículo 3.2, prevé que “en casos urgentes de afluencia masiva de inmigrantes ilegales, un Estado miembro podrá requerir que los nacionales de terceros países (…) estén en posesión de un visado de tránsito aeroportuario al transitar por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos situados en su territorio”.
La medida que CEP reclama como de extrema urgencia, el visado de tránsito aeroportuario para ciudadanos mauritanos, ya se va a aplicar próximamente a los que llegan a Barajas desde la República Centroafricana, que están empezando a aumentar el número de peticiones de asilo también de una manera muy significativa.
Pero, “en lo relativo a Mauritania, tanto el Ministerio del Interior como el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación deben poner fin a estos flujos migratorios ilegales con urgencia, sin esperar a que sean un problema de entidad que vuelva a colapsar las salas de acogida de peticionarios de asilo en el aeropuerto de Barajas”, señalan.
“Ambos Ministerios no pueden seguir exhibiendo una lentitud de reflejos alarmante frente a un fenómeno que amenaza con convertir una infraestructura crítica, un punto de entrada a España y al espacio Schengen, en un lugar de oportunidad para redes de tráfico de seres humanos”, consideran en el comunicado.
“En este contexto son, una vez más, los policías destinados en el Puesto Fronterizo del aeropuerto los que están teniendo que realizar custodias de un número muy elevado de solicitantes de asilo, con el riesgo que eso supone para la seguridad de los compañeros ante la posibilidad de que se produzca un motín por parte de aquellos ciudadanos custodiados a los que se les deniega esa petición de protección internacional”, señalan.
“El insuficiente número de efectivos destinados en esa unidad provoca que se tengan que estar detrayendo agentes para ejercer esa vigilancia, cuando tienen como misión prioritaria la protección de la seguridad ciudadana”, critican.
“Como ya ha denunciado CEP en otras ocasiones, el que Cruz Roja haya abandonado sus cometidos asistenciales, en un deplorable ejemplo de egoísmo solidario, ha obligado a que sean los policías quienes distribuyan comida o medicinas, cuando ese no es su cometido”, esgrimen.
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