MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tildó este jueves de “bochornoso” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, utilicen los servicios jurídicos del Estado “en su propio beneficio”.
Así lo trasladó el consejero durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde aseguró que desde el Gobierno regional se está garantizando el acceso a la tutela judicial efectiva, tal y como reconoce el artículo 24 de la Constitución, con medidas que facilitan la asistencia letrada a quienes carecen de recursos para defender sus derechos o intereses en los tribunales.
El consejero destacó que en la Comunidad de Madrid se están retribuyendo la totalidad de las actuaciones profesionales que realizan los abogados y procuradores, lo que, según García Martín, “no hace el ministro Bolaños”.
En este punto, el consejero ironizó con que “para justicia gratuita la que disfruta el fiscal general, que está utilizando la Abogacía del Estado, pagada por todos los españoles, para defenderse de su imputación por saltarse la ley que juró proteger”, al igual que el presidente del Gobierno “que también está haciendo uso de los servicios jurídicos del Estado para querellarse contra el juez que investiga a su mujer por hasta cuatro delitos”.
“¿Por qué tenemos que pagarle todos los españoles el abogado al fiscal general; al presidente Sánchez; o a la amantísima mujer del presidente del Gobierno? ¿Acaso, no tienen dinero para pagarse un letrado? Algo inaudito. Pero si es inaudito y bochornoso es que el fiscal general utilice los medios del Estado en beneficio propio, lo absolutamente deleznable es que se permita el lujo de amenazar, en sede parlamentaria, a una comunidad autónoma, como Madrid”, sostuvo.
Por último, recordó que no se conoce ninguna democracia homologable a la española donde haya “un fiscal general del Estado imputado por graves delitos y que se dedique a atacar a un Gobierno regional, haciendo uso de su posición institucional y de poder”. A su juicio, por “ética, por estética o por vergüenza” el fiscal general debería dimitir, al igual que el presidente del Gobierno, que “debería dimitir o convocar nuevas elecciones”.
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