MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Comisión de Venecia publicó este lunes su dictamen sobre los requisitos de Estado de derecho que deben cumplir las amnistías, con especial referencia a proposición de ley en España, y en el que anima a las fuerzas política a aunar “una mayoría cualificada” en la aprobación de la norma.
Así consta en el comunicado remitido por el Consejo de Europa, organismo del que forma parte la comisión, tras la sesión mantenida la semana pasada en la que se analizó el borrador ya conocido con las “observaciones” de cinco miembros que visitaron España.
Este informe, como deja claro en su inicio, es la respuesta a la solicitud formulada el 8 de diciembre de 2023 por el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, en una carta en la que pedía “un dictamen urgente de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de ley parlamentaria sobre ‘Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña’, que estaba pendiente ante el Congreso de los Diputados de España”.
El propio informe deja claro que es resultado de “las observaciones de los ponentes” y de los resultados de las reuniones celebradas del 7 al 9 de febrero de 2024, así como del estudio del texto y del “intercambio de puntos” en la sesión de la Comisión de Venecia del 14 y 15 de este mes entre Rollán e Isaura Leal Fernández, como segunda Secretaria de la Mesa del Congreso de los Diputados de España.
En el informe se afirma que “las leyes de amnistía deben cumplir con los requisitos cualitativos de cualquier ley que afecte a la responsabilidad penal: claridad, determinación, accesibilidad, previsibilidad” y que, “incluso cuando las amnistías se adoptan mediante otro tipo de actos parlamentarios o mediante decisiones gubernamentales, es esencial que sus efectos se formulen con suficiente precisión y claridad, para que sean previsibles”.
Por tanto, “los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la aprobación de leyes de amnistía, dadas las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de tales leyes”.
En el texto, la Comisión de Venecia “recuerda, en primer lugar, que la amnistía es una medida impersonal que se aplica a todas las personas o a una categoría de personas, y que los criterios para su aplicación no deben estar concebidos para abarcar a personas concretas”.
ACOTAR SU ALCANCE
Así, recomienda “acotar y definir de manera más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la amnistía, a fin de hacer más previsibles los efectos de la ley” y que “la reciente ampliación del ámbito temporal de aplicación por dos meses sin justificación alguna suscita preocupación en cuanto al carácter general de la amnistía”.
También apunta que “garantizar que se establezca una relación de causalidad más estrecha entre ‘las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias’ y los actos de malversación y corrupción” y que “una relación de causalidad más estrecha debe ser el principio rector para la interpretación y aplicación de la amnistía”.
En lo que respecta al terrorismo, el informe recomienda “garantizar que, en la interpretación de las exclusiones, el principio rector sea que las amnistías sólo son compatibles con las normas internacionales si se excluyen de su ámbito de aplicación las violaciones graves de los derechos humanos”.
MAYORÍAS MÁS AMPLIAS
Por último, la Comisión de Venecia observa que el proyecto de ley de amnistía “se ha presentado en forma de propuesta legislativa, que es un procedimiento con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones del Estado, y que ha seguido un procedimiento de urgencia”.
Sin embargo, apunta a que “el proyecto de ley de amnistía ha profundizado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en la academia y en la sociedad española” y por ello “anima a todas las autoridades y fuerzas políticas españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado, así como entre la mayoría y la oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y a considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa”.
Para cerrar las conclusiones, informe dice que ante las “consideraciones sobre la conveniencia de contar con una mayoría cualificada suficientemente amplia para la aprobación de las amnistías, la Comisión de Venecia recomienda a las autoridades españolas, aunque la Constitución no lo prevea, que intenten alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso que se requiere para la aprobación de una ley orgánica”.
NO ENTRA EN EL DEBATE CONSTITUCIONAL
Por último, la Comisión de Venecia se abstiene de participar en el debate político y subraya que “no se ha pronunciado sobre la conveniencia de la amnistía, ni sobre su idoneidad para lograr el objetivo declarado, ya que se trata de decisiones políticas que deben tomar el Gobierno y el Parlamento”.
Además, la Comisión de Venecia indica que no es competente para comentar sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, “cuestión que corresponde en última instancia decidir al Tribunal Constitucional español y al debate de los expertos constitucionales españoles”. Tampoco evalúa su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea.
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