MADRID, 19 (SERVIMEDIA)
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, aseguró este jueves que su entidad ejercerá con “independencia” y “rigor técnico” su responsabilidad sobre el nuevo registro de medios de comunicación que ha acordado crear el Gobierno
Durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la actuación de la CNMC en el último año, Fernández dijo que no conocen todavía “ni el alcance ni los contenidos” del nuevo cometido que ha decidido asignarle el Ejecutivo con este registro de medios.
“Si el Congreso de los Diputados nos da este mandato, con los consiguientes cambios que conllevará en nuestra ley y estructura, la CNMC ejecerá esta función como el resto de las que tenemos: con responsabilidad, independencia, rigor técnico y el compromiso que define a a esta institución”, señaló la presidenta de la comisión supervisora.
Por otro lado, Fernández pidió a los partidos que no se demore más tiempo la cobertura de vacantes de cuatro consejeros y del vicepresidente de la CNMC, y ofreció colaboración de su institución para hacer una buena transición en el traspaso de las competencias que asumirá la nueva Comisión Nacional de Energía.
FALTA DE MEDIOS
Por otro lado, Fernández se quejó en su intervención inicial de que la CNMC, a diferencia de otros organismos homólogos europeos, no disponga aún “ni de la habilitación legal, ni de medios ni de personal” para ejercer las funciones que le ha encargado la UE para que se cumpla en España el nuevo reglamento de servicios digitales (DSA).
Por falta de esa habilitación normativa, lamentó Fernández, “no podemos tomar las riendas del mayor reto regulatorio de supervisión de la UE, no podemos proteger como podríamos y nos gustaría a nuestros consumidores, no podemos actuar contra la desinformación ni actuar como como podríamos para proteger a a nuestros menores como ya pueden hacerlo otros”.
Afirmó que ahora mismo, si les llegan avisos de incumplimientos de la DSA por compañías establecidas en otros países, sí pueden trasladar la denuncia a la UE, “pero si nos llega una denuncia de una empresa establecida en España, no tenemos poderes para actuar”.
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