MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la anterior cúpula de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Alejandro Abascal, ha citado a declarar como investigados al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al exsecretario general Raúl Masso el próximo 3 de abril.
Abascal investiga en el llamado ‘caso Soule’ el presunto desvió de 7,9 millones de euros y fija las comparecencias para el próximo 3 de abril. El juez los cita después de que la Sala de lo Penal le ordenara tomar declaración en calidad de investigados a los tres, después de estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) que recurrió el auto del juez instructor en el que acordaba prorrogar tres meses la investigación y rechazaba la solicitud de citarles como investigados, entre otras razones, porque ya habían declarado testigos.
La resolución de la Sala señalaba que procede tomarles declaración como investigados, sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita la Liga. Para la Sala, el hecho de que ya hayan declarado previamente como testigos no es óbice para su posterior cambio de condición, pasando a ser investigados.
En su escrito, LaLiga denunciaba que de las diligencias practicadas se deriva la existencia de un nutrido volumen de pagos manifiestamente ajenos a los fines convencionales para los que La Liga aportaba a la RFEF los fondos convenidos en virtud de un ‘Acuerdo arbitral referente a la aplicación el posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por la LNFP a la RFEF’, alcanzado y documentado, según los denunciantes por personas sin atribución ni competencia alguna para ellos.
Una actuación que se hizo, dice LaLiga, a sus espaldas, de forma que los que eran en ese momento presidente y secretario del CTA prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas, con fondos de la LNFP, de “gastos completamente ajenos al futbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por la LNFP a la RFEF, siendo aquellos subordinados del presidente de esta última, quien se benefició ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF”.
El ‘caso Soule’ comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional en 2017 y tiene conexiones con el llamado ‘caso Negreira’ que investiga los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira por parte del Fútbol Club Barcelona.
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