MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado el recurso que pretendía el nombramiento del recurrente como curador en lugar de guardado de hecho de su hermano con esquizofrenia paranoide, en base a la aplicación de la nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El recurrente alegaba que no se había tenido en cuenta la situación particular del demandado, en relacióna la esquizofrenia paranoide y los brotes recurrentes a consecuencia del abandono de su medicación y señalaba que la guarda de hecho es insuficiente y sostenía que su hermano necesita una curatela, puesto que no puede tomar decisiones sobre su salud y sobre contenidos económicos.
La Audiencia, en cambio, señala que a la vista de los informes médicos y de servicios sociales y de las entrevistas realizadas, la esquizofrenia paranoide no le impide desenvolverse en su vida diaria y vivir según sus deseos y preferencias.
Además, la Sala recuerda que la Ley 8/2021 ha cambiado completamente el régimen jurídico de las personas con discapacidad, para empezar, destacan, ya no cabe modificar la capacidad de nadie, al contrario, establece que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Se quiere con ello respetar su voluntad y preferencias.
En este caso, prosigue la sentencia, es precisamente el que pretende erradicar la nueva normativa y señala que este tipo de circunstancias “no deben utilizarse como justificación para negar la capacidad jurídica”.
Indica que de forma, tal vez “bienintencionada”, pero extramuros de la ley, el recurrente quiere proteger a su hermano para que se tome la medicación y no malgaste su dinero. Pero toda medida de apoyo, continúa, debe ser individualizada y requiere que el sujeto padezca una enfermedad que le impida valerse por sí mismo y, además, menoscabe gravemente su inteligencia y voluntad, causas que aquí no incurren, sentencian. Por todo ello, “no advertimos que su conducta actual justifique una intervención en el ámbito de su salud como en su patrimonio”.
La Sala también emite una reflexión sobre la nueva Ley 8/2021 y señala que “reconocemos que los nuevos parámetros legales distan mucho del régimen jurídico tradicional. Son incompatibles con lo que veníamos haciendo hasta ahora, pero es justo lo que se busca”.
Las personas con discapacidad, prosigue la sentencia, “tienen los mismos derechos que el resto. Se quiere preservar su dignidad. No son ciudadanos de segunda. Y en el caso de las personas con enfermedad mental, la sociedad debe abordar su situación con menos prejuicios. Las limitaciones de cada individuo no deben ser un obstáculo para el pleno reconocimiento y desarrollo de su capacidad, ejerciendo sus derechos en la mayor medida posible”.
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