MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) expresó su “más firme rechazo” a la futura ley de amnistía que prepara el Gobierno en funciones, por entender que deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo, y anula al Poder Judicial, “el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos, la clase política”.
La APM señaló en un comunicado que se está produciendo “una constante labor de desprestigio de la función jurisdiccional y de ataques permanentes a la independencia judicial que obvian por completo el respeto a la separación de poderes”. Esta asociación considera que ahora se pretende”dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia”, romper las reglas de la Constitución de 1978 y “volar por los aires” el Estado de Derecho.
En este contexto, cree que la ley para conceder la amnistía a aquellos que participaron en los acontecimientos acaecidos en Cataluña desde el 1 de octubre de 2017, “hechos constitutivos de delitos graves, que atentaron contra el orden constitucional y la convivencia pacífica de todos, de los catalanes y del resto de españoles”, constituye una norma legal que exonera “a unos pocos de las responsabilidades penales, ya declaradas por los tribunales, o por enjuiciar, sin modificaciones legales previas o sin entrar -formalmente, como parece que se pretende- en un nuevo proceso constituyente”, lo que sostiene que es inaceptable e inasumible en una democracia plena.
“Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución española de 1978 que se fundamenta entre otros valores en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Una ley de amnistía pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo. Deslegitima el Estado de Derecho y al Poder Legislativo que promulgó las leyes que aplicaron los jueces, lanzando el mensaje falaz de que el legislador tipifica penalmente y los tribunales condenan en España por delitos políticos”, añade.
Y concluye afirmando que esta ley “quiebra un principio esencial en democracia, como es el de la separación de poderes. Y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones, con el grave riesgo de que el mismo trato puedan exigir quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad. En definitiva, la ley que, por definición y principio es general, se torna así en privilegio, atacando el fundamento mismo del Estado social y democrático de Derecho”, concluye.
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