MADRID, 29 (SERVIMEDIA)
La Asociación Europea de Jueces (EAJ) ha pedido “a las autoridades parlamentarias y gubernamentales de España que se abstengan inmediatamente de seguir adelante con estas propuestas de cuestionar ante las comisiones parlamentarias las decisiones tomadas por los funcionarios judiciales y que dejen de hacer campaña contra los jueces acusándolos de ‘lawfare'”.
Según explicó en un comunicado, la EAJ fue informada por su asociación miembro de España, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de “cuestiones que afectan gravemente al funcionamiento del sistema judicial y a la independencia. de jueces en España”.
Considera que desde 2018 el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial de España se ha visto afectado por desacuerdos políticos en el parlamento español, que han impedido el nombramiento de nuevos miembros del Consejo. Esto dio lugar a una situación en la que el Consejo está dirigido por miembros previamente elegidos, cuyos mandatos expiraron hace mucho tiempo. Esta situación, ya insatisfactoria, se agravó enormemente en 2021, cuando el Parlamento impidió al Consejo ejercer su función de nombrar jueces superiores, incluidos en particular jueces del Tribunal Supremo y determinados presidentes de tribunales”.
“Esto es especialmente perjudicial en el Tribunal Supremo, donde actualmente existe un número importante de vacantes que no pueden cubrirse y que obstaculiza y retrasa al Tribunal en el desempeño de su labor judicial. Aunque la Comisión Europea en sus Informes sobre el Estado de Derecho de 2022 y 2023 llamó la atención sobre el problema e instó a las autoridades españolas a remediar la situación, no se han tomado medidas al respecto”, denuncia.
Recuerda que el Tribunal Europeo de Justicia “subraya además que el nombramiento de los miembros judiciales de un Consejo General del Poder Judicial debe ser realizado por los propios jueces, como han afirmado reiteradamente varios organismos europeos, así como la Asociación Internacional de Jueces”.
Asimismo, una declaración emitida el 2 de abril de 2024 por la Red Europea de Consejos Judiciales y el presidente del EAJ pidió que se hicieran esfuerzos para permitir que el Consejo Judicial reanude su pleno funcionamiento y que el nombramiento de sus miembros se realice de acuerdo con los estándares europeos. “Pero la situación sigue sin cambios”.
Por todo ello, insta “a todos los partidos políticos en España a incrementar sus esfuerzos para resolver el estancamiento parlamentario y garantizar el restablecimiento de un Consejo del Poder Judicial en pleno funcionamiento con sus jueces elegidos por sus colegas jueces”.
En segundo lugar, denuncia la proposición de ley de amnistía y la pretensión de que se puedan investigar decisiones judiciales, propuesta que “ha ido acompañada de acusaciones públicas de ‘lawfare’ realizadas por algunos políticos contra determinados jueces”. “La EAJ considera totalmente incompatible con la independencia judicial que los jueces deban rendir cuentas de sus actuaciones judiciales ante otras ramas del gobierno”, alerta.
“Las decisiones judiciales erróneas deben corregirse a través de las estructuras de apelación y cualquier
presunta mala conducta de un juez sólo puede estar sujeta a procedimientos disciplinarios (por ejemplo,
ante un consejo del poder judicial, cuando el consejo tiene esa función) o, en el caso de que un juez sea
acusado de haber cometido un delito penal, mediante proceso penal. Bajo ninguna circunstancia puede
ser aceptable la citación de un juez ante una comisión parlamentaria de investigación para defender su
decisión judicial ya que tal proceder constituye un claro ataque a la Independencia judicial”, subraya la Asociación.
La EAJ observa además “que el respeto adecuado de la separación de poderes y la independencia judicial
requiere que la crítica pública de las decisiones judiciales por parte de los políticos se realice dentro de la
esfera de la moderación y el respeto institucional”.
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