BILBAO, 01 (SERVIMEDIA)
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha aprobado una declaración institucional en defensa del Estado de Derecho como colofón a su XXVI Congreso, que este viernes concluye en Bilbao (Vizcaya). En su redacción asegura que la ley de amnistía “carece de sustento en un régimen democrático consolidado”.
La declaración señala que “el pleno ejercicio de la potestad jurisdiccional, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, implica el respeto, acatamiento y ejecución de las resoluciones del Poder Judicial. Desde este mandato constitucional, que se dirige a la sociedad y también a los Poderes Públicos, la APM expresa su más firme rechazo a la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad”.
A su juicio, una norma así “carece de sustento en un régimen democrático consolidado como es España; representa una desautorización de la posición constitucional del Poder Judicial, y muy en particular del Tribunal Supremo; y, en suma, implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho, por cuanto socava gravemente el principio de separación de poderes”.
Asimismo, la APM rechaza “sin paliativos” la posibilidad de que, “a través de comisiones parlamentarias de investigación, se fiscalice la labor desarrollada por jueces y tribunales, que actúan aplicando la ley y el Derecho, ejerciendo la labor que, en exclusiva, les encomienda la Constitución”.
La APM ha defendido siempre y sigue haciéndolo, que la elección de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial, debe realizarse por la Carrera Judicial. Y añade que este fue el sistema que inspiró el contenido del artículo 122 de la Constitución.
No obstante, añade la APM, la grave situación y consecuencias de la prórroga de un mandato concluido hace ya cinco años, “conducen a realizar un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios, para que lleven a cabo la renovación del Consejo, sin perjuicio de que se impulsen (en línea con las recomendaciones de la Unión Europea), las iniciativas legislativas oportunas para lograr de futuro la recuperación del sistema electivo judicial”.
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