MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La Abogacía del Estado se alinea con la Fiscalía y pide que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea procesado por desórdenes públicos agravados tras la reforma penal que suprimió el delito de sedición, además de mantener la acusación por malversación.
La representación jurídica del Estado ha presentado ya su recurso contra el auto dictado por el instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, que retiró la acusación por el delito de sedición a Puigdemont y le procesó tan solo por desobediencia y malversación.
En esa misma situación se encuentran los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí a los que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado quieren imputar desórdenes públicos agravados además de desobediencia y malversación.
La Fiscalía del Tribunal Supremo presentó un recurso en el que defiende que se aplique a estos tres líderes independentistas en rebeldía ambos delitos. La entrada en vigor de la reforma impulsada por el Gobierno precipitó el auto del juez Llarena que acordó el procesamiento del expresidente catalán por desobediencia y malversación, delito castigado con hasta 12 años de cárcel. Ahora, el Ministerio Público y la Abogacía recurren la decisión y solicitan que se le acuse también de desórdenes públicos agravados, castigado con la nueva normativa con entre tres y cinco años de prisión.
Según la reforma aprobada por las Cortes, el delito de desórdenes públicos se puede atribuir a quienes “actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas o invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares”.
Pero además, la Fiscalía y la Abogacía quieren que se le aplique como delito agravado que se produce por “una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público”.
En consecuencia, Puigdemont, Comín y Ponsatí se podrían enfrentar a una pena máxima de 17 años de cárcel (12 por malversación y 5 por desórdenes públicos agravados) y a la inhabilitación para ocupar cargos públicos o concurrir a las elecciones.
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