MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
Junts aseguró este martes que ha “ganado terreno” en el “reconocimiento nacional de Cataluña” tras el pacto con el PSOE por el que se cede la competencia de migración a la comunidad y afirmó que “es un acuerdo que da a Cataluña funciones de Estado”.
En Junts están “muy contentos” y afirman no esconderlo tras el pacto migratorio registrado este martes como una proposición de ley en el Congreso de los Diputados.
“En Junts no damos bandazos y siempre que negociamos sacamos algo para Cataluña”, explican fuentes de la formación. “Hoy podemos decir que estamos en el ejemplo de haber ganado terreno, no sólo de recuperarlo, como nos pasa a veces, sino también de ganarlo”, insisten, y añaden que todavía no dan “crédito” a que el PSOE acepte en el comunicado conjunto que ambas formaciones pactaron para anunciar el acuerdo e introduzcan términos como “el Estado español”.
“El PSOE habla de catalanidad, de la integración lingüística, del reconocimiento nacional de Cataluña y esto da sentido a nuestra metodología y también a saber mantenernos en nuestras posiciones”, explicaron, y añadieron que “aguantar la posición no es nada fácil”, en relación a la negociación con los socialistas para llegar a este acuerdo.
De ahí, aseguran, que introdujeron en último término del acuerdo suscrito un recordatorio de que “este acuerdo es fruto de Bruselas, porque allí ya suscribimos cómo íbamos a trabajar para conseguir nuestro objetivo”, sostienen.
Igualmente, el expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts, Carles Puigdemont, afirmó en rueda de prensa que se trata de “una delegación integral” de las competencias de inmigración y fuentes gubernamentales no lo desmintieron explicando que “en materia migratoria sí que se despliega la delegación de todas estas competencias” a la Generalitat gobernada por el socialista Salvador Illa.
“Se trata de una ley en la que Cataluña gana poder y ganamos reconocimiento nacional porque podemos ejecutar una normativa en el marco de la legislación europea”, señalaron fuentes de Junts. La Generalitat de Cataluña asumirá buena parte de la gestión y burocracia que hasta ahora ejercían diferentes organismos del Estado, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los departamentos del Govern podrán desplegar a los Mossos en puertos y aeropuertos, así como en fronteras, siempre y cuando ejerzan labores relacionadas con la inmigración y no con la seguridad del Estado, y trabajarán en “coordinación” con Policía Nacional y Guardia Civil.
CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA EXTRANJEROS
“Es algo que ya teníamos asumido por el espacio Schengen”, aseguran desde Junts en relación al libre espacio existente entre los Estados miembro de la Unión Europea. La formación que lidera Puigdemont se alegra de que la Generalitat podrá gestionar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, el único que está ubicado en suelo catalán.
Desde Junts apostillan que “ahora será la Generalitat con el Parlament los que decidan si se cierran, se abren o se mantienen. Nosotros conseguimos esta herramienta y ya se verá cómo se utiliza”. Un comentario que, según fuentes gubernamentales, “es erróneo”, ya que, de salir adelante la ley, el Govern se encargará de la dirección, coordinación, gestión e inspección de este centro, que actualmente depende del Ministerio del Interior.
También dependerá del Gobierno catalán la designación de los empleados públicos tanto para la seguridad del centro como para los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística. Sin embargo, las mismas fuentes sostienen a Servimedia que tendrá que cumplir la normativa estatal que rige estos centros, por lo que no podría ni cerrarlos, ni cambiar su régimen cerrado, tal y como pretende Junts.
En cambio, la Generalitat sí puede tener margen para incluir cambios en las condiciones de estos centros, en lo que tiene que ver con la atención o los protocolos internos, pero no en lo relativo a los criterios de internamiento de quienes están allí. Desde Junts insistieron en que estos lugares son actualmente “inhumanos” y deben replantearse, pero lo cierto es que el acuerdo no deja margen para ello, ya que seguirán rigiéndose por la normativa aprobada por el PP en 2014, igual que en el resto del Estado.
Asimismo, la Generalitat no podrá cambiar los requisitos exigidos a los ciudadanos extranjeros para solicitar permisos ordinarios de estancia o residencia, sea de larga o de corta duración. El Gobierno delega solo la parte burocrática y su resolución, pero siempre basándose en los criterios estatales. La tarea que sí pasa a manos de la Generalitat es la tramitación de los expedientes, tanto de las peticiones iniciales de estos permisos, como de las prórrogas y recursos.
De este último cometido se encargarán los funcionarios autonómicos, una labor realizada actualmente por las oficinas de extranjería. El único margen que podrá tener la Generalitat se podrá producir en aquellos casos cuyos requisitos no estén definidos de forma clara en la normativa y puedan ser sujetos a interpretación de cada oficina de extranjería, dado que actualmente ya se producen distintas resoluciones de casos similares en función de la oficina de extranjería donde se estudie, aunque las competencias sean estatales.
RETORNO DE INMIGRANTES
Por último, desde Junts, basándose siempre en la normativa de extranjería estatal, afirman que la Generalitat podrá gestionar la totalidad de los retornos de extranjeros en situaciones que no requieran la tramitación de un expediente. Es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que tengan una prohibición de entrada en el país y sean frenadas en el aeropuerto. En estos procedimientos más rápidos, denominados técnicamente “devolución”, el Govern podrá tomar la decisión final sobre ellos.
Sin embargo, en los supuestos en los que sí requieran expedientes, que suelen ser la mayoría de los retornos, la Generalitat solo podrá realizar una “propuesta de resolución” sobre la expulsión de estas personas residentes en Cataluña, por lo que la decisión final será del Ministerio del Interior.
“Hemos hecho lo que tenía que haber hecho el Gobierno de la Generalitat, que es arrancar competencias para Cataluña”, insisten desde Junts. “Se trata de una ley histórica que tendría que ser una herramienta para respetar y dar acceso a la catalanidad, a la nacionalidad catalana”, zanjaron.
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