MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
Junts per Catalunya (Junts) anunció este lunes la presentación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament catalán de iniciativas para modificar la legislación penal y la civil cuyo objetivo es facilitar la recuperación de viviendas okupadas, una “problemática” que “afecta” a muchos ciudadanos.
Por un lado, defenderá en la Cámara Baja una propuesta para recuperar la propiedad en un plazo de 48 horas y, por otro, en el Parlament catalán, una proposición para que las comunidades de propietarios puedan denunciar cuando haya una okupación delincuencial en su comunidad.
Así lo indicó este partido en una rueda de prensa en la que intervinieron el secretario general de Junts, Jordi Turull; la portavoz de la formación en la Cámara Baja, Miriam Nogueras; y la diputada en el Parlament Glòria Freixa. El primero alertó de que las okupaciones generan “alarma social” y crean “problemas de convivencia”.
Según Turull, las okupaciones son “una violación de la ley, pero también un atentado contra el derecho a la propiedad privada”. Además, lamentó que a algunas fuerzas políticas “parece que les caen mejor los okupas que los propietarios” y criticó que hay gente que “muy maliciosamente mezcla debates, vinculando vulnerabilidad y okupaciones”.
Sobre la iniciativa del Congreso, Turull expuso que el PSOE se ha comprometido a que se tramite y se mostró optimista con que su iniciativa contará con un “apoyo mayoritario” de la Cámara, ya que, igual que con la propuesta de la multirreincidencia, “nadie la quiere abordar, todo el mundo espera y a Junts nos gusta abordar” esto.
“POPULISMO”
Por su parte, Nogueras denunció que la principal política de acceso a la vivienda que defienden los partidos que gobiernan sea “cargarse el derecho a la propiedad privada y tolerar las okupaciones como si fueran normales”. En 2022 y 2023, dijo, se llegaron a “9.500 okupaciones” y en 2024 a “10.000”.
Nogueras deploró que Pedro Sánchez, Salvador Illa y Jaume Collboni “se han posicionado al lado de la demagogia y el populismo”, pero las iniciativas de su partido se tendrán que votar y tendrán que decidir se siguen en ese lado o si se pondrán “al lado de las personas, del pequeño propietario”.
Estos gobiernos, prosiguió, deberían “tatuarse dos cosas”. La primera es que “es el Gobierno el que tiene que garantizar el acceso a la vivienda”, y la segunda es que “no se puede hacer pagar al pequeño propietario lo que le corresponde pagar al Gobierno de turno”. Por ello, reclamó un giro de “180 grados en las políticas de vivienda”.
PENAL Y CIVIL
Las medidas impulsadas por su partido tratan de afrontar este problema “desde el ámbito penal y civil”. En el ámbito penal, explicó que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) su partido apuesta por incorporar “una nueva medida cautelar”, un “nuevo artículo 544 que obliga a los jueces a ordenar el desalojo inmediato si los okupas no acreditan que tienen un título legítimo”.
Es decir, “el ticket de Glovo ya no servirá como sirve hasta ahora”. Además, se pretende modificar también el artículo 13 para “dejar claro que se trata de una medida a aplicar de las primeras”. A su vez, se propone que la policía “en algunos casos” también pueda desalojar una vivienda okupada.
En el ámbito civil, Nogueras comentó que se incluyen mecanismos para “reforzar estas medidas cautelares de las que hablábamos al principio”, como “juicios verbales y desalojos inmediatos si se ensaña el título de propiedad”. “Esto agilizaría mucho los trámites”, expuso la portavoz de Junts en el Congreso.
PARLAMENT
Finalmente, Freixa explicó las propuestas de ámbito civil llevadas a cabo desde el Parlament. La primera, que también se presentó en el Congreso, es una proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente al fenómeno de la okupación ilegal de inmuebles.
Explicó que su partido presentó la propuesta de que, en caso de vivienda vacía y de la que se haga “mal uso”, el Ayuntamiento “pueda actuar en lugar de un gran propietario”. Ahora, prosiguió, se da “un paso más” y se quiere legitimar a la comunidad de propietarios para que puedan actuar en caso de que haya un piso okupado en situaciones “peligrosas”.
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