MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
Junts presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar el “cese inmediato” de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez que haya caducado su mandato.
La formación que lidera Carles Puigdemont presentó esta iniciativa, íntegramente en catalán, el día después de que su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, señalara con nombres y apellidos a los jueces que, en su opinión, deberían ser “juzgados” por sus actuaciones.
Según la reforma propuesta por Junts, si el día de la sesión constitutiva del CGPJ alguna de las Cámaras no ha procedido a la elección de los vocales que le corresponden, y una vez finalizado el mandato de cinco años establecido en la norma, todos sus miembros “cesarán inmediatamente en todas sus funciones” y “dejarán de ser aplicables” todas las prerrogativas inherentes al cargo, incluso la percepción de retribución prevista en la ley.
Además, hasta la elección de los nuevos miembros, las funciones “estrictamente administrativas y sancionadoras” serían ejercidas por tres de los miembros salientes, que serían el de mayor y el de menor edad, así como el que se hubiera incorporado en último lugar.
Desde el momento en que finaliza el mandato y hasta la asunción del cargo por los nuevos vocales, el CGPJ estaría formado interinamente por esos tres miembros y no podría proponer ningún nombramiento, ser escuchado por el Gobierno para el nombramiento de fiscal general del Estado, interponer conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, emitir informes a los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, ni tampoco elaborar los informes sobre los anteproyectos de ley y las disposiciones generales que en le corresponden.
En la exposición de motivos de la proposición de ley, Junts considera que la falta de acuerdo para renovar el CGPJ después de más de cinco años con mandato expirado es un “evidente fracaso institucional” que no solo evidencia “la falta del más mínimo sentido de responsabilidad democrática” por parte de los actores implicados sino que supone una “vulneración no ya del espíritu sino de la misma literalidad de las previsiones constitucionales”.
Denuncia que la “instrumentalización política” del Poder Judicial ha hecho que “determinados conflictos que se tendrían que haber debatido y resuelto en ámbitos políticos, se hayan trasladado tanto a los órganos judiciales como a los órganos de gobierno del Poder Judicial”, y que el bloqueo ha “intensificado” los “males endémicos” de la Justicia en España, como “el corporativismo y la patrimonialización de la justicia por parte de determinadas opciones ideológicas”.
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