MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha solicitado a la directora general de esta institución, María Gámez, que los agentes puedan llevar equipos de grabación durante sus actuaciones.
Según informó Jucil este lunes en un comunicado, esta asociación, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, solicitó a Gámez que se autorice a los guardias civiles a portar dispositivos de toma de imágenes y sonido en sus actuaciones, sobre todo en el caso de los que prestan servicio en el área de Seguridad Ciudadana, pero también los que desarrollan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delincuencia además de aquellos que intervienen en zonas de especial nivel delincuencial.
El secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño, explicó que “esta Asociación Profesional pide que se dicten las disposiciones normativas precisas que garanticen la seguridad, física y jurídica de los miembros de la Guardia Civil, y que, por tanto, se autorice el uso de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los guardias en el ejercicio de sus funciones, pasando a ser elementos de dotación, y sin perjuicio de que incluso puedan ser adquiridos por los miembros de la Guardia Civil interesados en contar con ellos”.
Jucil, a través de su secretario nacional Jurídico, Alberto Álvarez, ha hecho llegar la solicitud a la Dirección General de la Guardia Civil para que sea este órgano quien aclare una normativa que para la asociación profesional resulta confusa y contradictoria sobre la posibilidad de que los guardias civiles puedan portar cámaras o grabar con un teléfono móvil sus actuaciones profesionales, ya que se somete a los agentes “a un juicio de versiones contradictorias al carecer de elementos que permitan acreditar cómo acontecieron los hechos que dieron lugar a la actuación”.
Esta situación se ve agravada en lugares en los que, por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos, los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal. “En esos supuestos se incrementa el nivel de inseguridad del guardia civil; tanto a nivel físico, ya que disminuyen sus posibilidades de defensa ante un ataque, como a nivel jurídico, puesto que se le genera una manifiesta indefensión ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos, y someter la cuestión a un juicio de credibilidad”, añade Vilariño.
Vilariño considera que esto es “algo con mayor relevancia en lugares de especial conflictividad y/o nivel delincuencial, donde grupos organizados y experimentados recurren de forma habitual a la denuncia o queja por la intervención de los miembros de la Guardia Civil, alegando vulneraciones de derechos fundamentales”.
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