MADRID/ALICANTE, 18 (SERVIMEDIA)
El grupo parlamentario de Unidas Podemos registrará este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para perseguir penalmente a las empresas que desalojan a okupas de viviendas en las que han entrado.
Lo anunció este miércoles la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mitin de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que tuvo lugar en Alicante, el tercero en el que ella o la otra ministra del partido, Irene Montero, arropan a sus candidatos en la Comunidad Valenciana.
Tras declarar su emoción por que justo hoy se aprobó definitivamente en el Senado la Ley de Vivienda, Belarra advirtió de que “la derecha no va a parar de extender cortinas de humo” como la de la okupación. Reiterando el mensaje de Podemos de que “España no tiene un problema de okupación” sino “de especulación”, alertó de que empresas como Desokupa “están creando un problema de seguridad ciudadana”.
“Son un problema democrático grave, son el germen de un comando parapolicial”, denunció, antes de comprometerse a “no permitir que haya gente que se lucre en este país extendiendo el odio al vulnerable, la aporofobia”. Y así anunció: “Mañana en el Congreso vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables”.
Fuentes de Podemos detallaron que la proposición será de reforma del Código Penal. En concreto, se modificarían los artículos 510, 510 bis y 515 para penar con multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años a “quienes, con ánimo de lucro y para la consecución de sus fines, promuevan, inciten, fomenten o realicen directa o indirectamente actos de hostigamiento, discriminación, acoso, violencia o intimidación contra personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica o social, aun cuando dicha actuación resulte un mero medio para la consecución de sus fines”.
Además, se establecería la disolución de las empresas responsables de dichos delitos y se bloquearía su acceso a internet. Así, las sociedades con ánimo de lucro que “fomenten, promuevan o inciten a o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia” contra personas en situación de vulnerabilidad económica o social pasarían a considerarse asociaciones ilícitas.
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